El Gobierno envió un proyecto de ley para prorrogar hasta fin de año la suspensión de la movilidad jubilatoria

Con el argumento de que las variables que podrían integrar una fórmula de movilidad están distorsionadas por la situación económica adversa provocada por el coronavirus, el Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que prorroga hasta el 31 de diciembre la suspensión de la fórmula de movilidad aprobada a fines de 2017. Y determina que hasta fin de año los aumentos trimestrales –de septiembre y diciembre- volverán a ser fijados por decreto por el Poder Ejecutivo.

Los aumentos por decretos fueron establecidos por la ley de Emergencia, aprobada el 23 de diciembre de 2019, y se aplicaron en marzo y junio, acumulando una suba de entre el 10 y el 19,9%, según los rangos de haberes. Con la fórmula suspendida correspondían un 23,72% para todos los jubilados y pensionados del régimen general y demás prestaciones sociales.

Así, los aumentos acumulados por decretos fueron inferiores a los devengados por la fórmula suspendida. Y en especial perjudicaron en mayor medida a los que perciben jubilaciones y pensiones medianas y altas, profundizando la caída del 20% que se produjo en los dos primeros años  (2018 y 2019) de vigencia de la fórmula suspendida.

La movilidad comprende a 18 millones de beneficios, entre jubilados, pensionados, pensiones no contributivas,  PUAM (Pensión Universal Adulto Mayor), AUH y Asignaciones Familiares.  

En los fundamentos del proyecto se sostiene que con esta medida la Comisión formada por integrantes del Poder Ejecutivo y del Congreso que debe elaborar una nueva fórmula de movilidad dispondrán “de más tiempo” para analizar y aprobar “las pautas de actualización o movilidad de las prestaciones de los regímenes especiales”, en referencia, entre otros, a los regímenes de docentes, docentes universitarios, y Luz y Fuerza que disponen de fórmulas de movilidad propias que no quedaron suspendidas con la Ley de Emergencia.

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En relación a esa Comisión, el texto del Poder Ejecutivo dice que en la reunión constitutiva hubo “coincidencia en la necesidad de prorrogar los plazos hasta que la estabilidad de los indicadores económicos permitan proponer una fórmula de movilidad coherente, razonable y sustentable, no así en cuanto a la forma en que se conceda dicha prórroga tal y como consta en el Acta N°1 de dicha Comisión”.

Sin embargo, en la Comisión no hubo coincidencia porque un dictamen de la minoría (Juntos por el Cambio) planteó que se restableciera la fórmula de movilidad suspendida hasta tanto se sancione una nueva.

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Luego de enumerar las medidas adoptadas por el Gobierno a partir de la pandemia y la cuarentena, el texto del Ejecutivo sostiene que en el marco de “la realidad impuesta por la pandemia mundial del COVID-19, resulta absolutamente imposible ya no solamente construir una fórmula de movilidad seria, razonable y perdurable, sino tan solo prever o predecir cómo se comportarán las variables económicas en los próximos meses de modo tal de determinar, a priori, pautas serias para fundamentar técnica, económica y políticamente, los ajustes trimestrales establecidos por la ley”.

El proyecto señala que en su gran mayoría las experiencias internacionales de movilidad “utilizan la variación de algún índice salarial o de precios o una combinación de ambos, encontrándose también algunos ejemplos que toman la variación de la recaudación o del Producto Bruto Interno como base para la actualización”. Y todos esos índices están distorsionados por la situación creada por la pandemia. Además “debe tenerse en cuenta”, dice el texto, que el INDEC “ha suspendido preventivamente las actividades presenciales de recolección de datos, entre ellas, las de captura de precios, ante la necesidad de proteger la salud del personal que cumple dichas tareas, así como a la propia población correspondiente”.

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