Llevará años salir del pozo económicoEconomía 

Llevará años salir del pozo económico

Es común encontrar fórmulas y requisitos idénticos en resoluciones oficiales que repiten resoluciones previas, como si las circunstancias que dieron origen a las primeras medidas no hubiesen cambiado o no conviniera revisar el sentido de ciertas decisiones. Algo así, semejante al antiguo, cómodo corto y pego, hay en la resolución de la Secretaría de Comercio Interior que acaba de prorrogar el congelamiento de precios que ya había sido prorrogado a mediados de marzo.

Al amparo de la “emergencia económica, social y sanitaria”, allí se vuelve a intimar a las empresas que elaboran, distribuyen y comercializan los 2.400 bienes “esenciales” alcanzados por el congelamiento a “incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada” y a asegurar que no haya faltantes. Se trata sobre todo de compañías que operan en las áreas de la alimentación y los artículos de limpieza que, literalmente, deberían trabajar a full.

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Sobre el alcance de semejante cláusula hablan datos de abril tomados del propio INDEC. Dicen que las empresas del sector alimentos y bebidas utilizan el 59,7% de su capacidad de producción y un 69% las fabricas de químicos, el rubro donde mandan los artículos de limpieza. Conclusión: para cumplir con el requisito fijado por Comercio, las alimenticias tendrían que incrementar su producción un 40% y las químicas el 31%. Esto es, una enormidad parecida a un despropósito y un régimen que además debe monitorear el aumento.

Salta a la vista cuánto pesan y qué implican esos datos, y también que si alguien del Gobierno se tomó el trabajo de testearlos cerró los ojos y siguió adelante con la tarea del corto y pego. Seguro que la necesidad de garantizar la provisión de bienes esenciales explica la regla, pero existe bastante más que eso y ahí está justamente la clave: incumplir la resolución significa quedar a tiro de las duras sanciones de la Ley de Abastecimiento.

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Es al fin un instrumento de presión permanente, aunque cualquiera sepa que, en el mejor de los casos, los congelamientos sirven para frenar la inercia al alza de los precios y que, en ningún caso, representan una política antiinflacionaria. También se sabe que si hoy no tenemos índices del 2% o mayores al 2% mensual es por el saque que el histórico parate económico y las cuarentenas le pegan a la demanda; por el deterioro de los salarios, por las tarifas pisadas y por el cepo cambiario. Luz amarillo subido, nada de esto puede ser ni será para siempre.

Enorme y únicamente comparable con los números de Venezuela, Sudán y Zimbabue, la inflación promedió un impresionante 70% anual desde 1983 según un trabajo de Jorge Remes Lenicov, el ministro que empezó a encarrilar las cosas a la caída de la convertibilidad. Y está presente entre los desajustes, las inconsistencias y las incertidumbres que alimentan el fenomenal retroceso económico.

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El desplome récord del 26,4% que hubo en abril tiene mucho de pandemia y de confinamiento, pero es parte de una historia que viene corriendo desde bastante antes. Tocar ese subsuelo significó retroceder al nivel de marzo de 2005, o sea, al de hace 15 años. La industria y el comercio quedaron por debajo de sus registros de 2004 y no hay nada en las series del INDEC que pueda ser comparado con el derrumbe de la construcción.

Ese 26,4% coronó 30 meses de recesión de los últimos 32; sobre los mismos 32, en la industria fueron 23 meses; 20 en la construcción y 24 en el comercio mayorista y minorista. Con la caída de 2020, que algunos analistas estiman próxima al 13-14%, el PBI habrá retrocedido en seis de los últimos nueve años: dos de Cristina Kirchner, tres de Mauricio Macri y este de Alberto Fernández.

Según las cuentas de Remes, desde la vuelta de la democracia, en 1983, se llevan acumulados 21 períodos de crecimiento contra 15 en rojo o 16, contando el actual. Durante ese tiempo, sólo Venezuela tuvo peores notas que la Argentina en América latina y si viramos hacia Chile, el resultado dice 43% contra 250% y que el vecino superó en seis veces nuestra magra performance.

Todo decadencia profunda, lisa y llanamente. Y así la dictadura hubiese provocado un tremendo crac, hay aquí responsables; empezando por las dirigencias políticas de los más diversos colores que gobernaron o gravitaron estos años, por lo que hicieron y por lo que dejaron de hacer en sentido amplio. Para ser justos habría que incorporar al listón a otras dirigencias y al comportamiento de otras dirigencias, como la sindical y la empresaria.

Las derivaciones de este cuadro pueden ser todo lo variadas y de las magnitudes que cada cual quiera. Una de ellas, bien gravosa, cuenta que hace tiempo la economía no crea trabajo o directamente destruye trabajo. Sin ir demasiado atrás un informe oficial de esta semana revela que entre abril 2019 y abril 2020 se perdieron 364.000 empleos; esto es, coronavirus y bastante más que coronavirus. Un detalle que se repite en informes semejantes: toda la pérdida va sobre el sector privado, mientras el empleo público sigue creciendo. Y uno más: las mayores caídas ocurrieron en la construcción, en hoteles y restaurantes y en la industria.

Otra secuela que viene de más lejos aparece en las casi 5 millones de personas ocupadas en negro, sin cobertura social ni laboral y hasta sin seguro de desempleo. Se corresponden con una economía digamos informal que también hace rato ronda el 35-40%.

Evidente y previsible, durante este proceso se quemó capital productivo e infraestructura productiva; se acumularon desigualdades sociales y arremetió la pobreza; la inversión sólo existió la mayor parte de las veces contra una tasa de rentabilidad alta y segura y el dólar reinó casi sin paréntesis. La lista puede continuar con la deuda eterna, con la presión impositiva récord, con el recurrente desajuste de las cuentas públicas y con un Estado grande pero tan eficiente como se ve en la calidad de los servicios que presta.

Encima ahora vino el cimbronazo de la pandemia, de la cuarentena, la pandecuarentena o como se quiera llamar al golpe económico que quedó registrado en la recaudación impositiva del segundo trimestre, la más baja para un período similar en 23 años. Puestos en valores reales y comparados con abril-junio de 2019, el Fisco perdió ingresos por $ 363.000 millones. Sumados al agujero del primer trimestre, desde enero llegamos a $ 467.000 millones justo cuando la falta de plata manda como nunca.

Del mismo descalabro habla la recaudación anual de tres impuestos asociados directamente al consumo y a la actividad económica. Las del IVA-DGI y de combustibles quedaron 40 puntos porcentuales detrás de la inflación y 33 la de Ganancias. Sólo el cheque dio batalla: perdió por 20 puntos.

Está claro que no va a ser fácil ni rápido, sino todo lo contrario, salir de un pantano que fue poniéndose espeso durante años. Que tampoco se saldrá por obra y gracia de algún supuesto iluminado de ocasión y que, si la idea consiste en dar vuelta en serio esta historia, habrá que armar un equipo de especialistas de verdad y de orientaciones diversas. Y contar con una conducción política capaz de escuchar y atender otras voces que no sean sólo las del círculo propio.

Por de pronto, tenemos lo que tenemos: un gobierno sin plan económico, que sigue dando vueltas alrededor de la deuda, partido en estamentos y peor que éso, con ministerios y organismos clave donde los que mandan están debajo de quienes formalmente debieran mandar. Nada de la herencia que le tocó es culpa suya, pero es lo que le tocó.

Y si las expectativas pasan por el cuándo repuntará la economía, algunos analistas pronostican un tibio rebote hacia el tercer-cuarto trimestre: tibio e imperceptible para la mayoría de la gente. Auguran, luego, un avance del 5% durante el año próximo y otro del 2% en el siguiente. Resultado: ni en 2022 ni probablemente en 2023 se habrá recuperado la pérdida de este fatal 2020.

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