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Polémica entre expertos por si debe ser obligatoria la vacuna contra el Covid

El proyecto de ley que presentaron dos diputados del Frente de Todos trae a la Argentina uno de los debates globales del Covid: ¿tiene que ser obligatoria la vacuna contra el coronavirus?

En Europa, con un alto porcentaje de antivacunas, la discusión comenzó antes y ya Austria anunció que, a partir del mes próximo, se convertirá en el primer país del continente en establecer la obligatoriedad para toda la población. Y a partir del 15 de febrero, Italia fijará la misma medida para los mayores de 60.

La iniciativa que se propone acá establece la obligatoriedad para todos los residentes mayores de 18 años y los menores de entre 3 y 17 con comorbilidades.

¿Qué implica que una vacuna sea obligatoria?

En Argentina, la obligatoriedad va en dos sentidos: del Estado en garantizar su cobertura gratuita y de los ciudadanos en aplicársela. Pero si no se vacunan, no hay una sanción. El carnet de vacunación se solicita en el ingreso a la escuela, y en el caso de que no esté completo, desde el sistema educativo como mucho se estimula a los padres a que vacunen a ese chico, pero ahí queda el tema.

Ya en abril del año pasado, la Organización Mundial de la Salud había difundido un paper sobre vacunación obligatoria. En él no la recomendaba, y decía que la primera opción debe ser siempre la persuasión.

“Dichas políticas pueden justificarse éticamente, ya que pueden ser cruciales para proteger la salud y el bienestar del público. Sin embargo, debido a que las políticas que ordenan una acción o comportamiento interfieren con la libertad individual y autonomía, deben buscar el equilibrio entre el bienestar común con las libertades individuales”, señalaban.

En Argentina, las posiciones también son encontradas. Y el primer punto es si es necesaria una ley para que la vacuna del Covid sea obligatoria.

Para Ignacio Maglio, abogado especialista en salud pública, integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Vacunología y que se desempeña en la fundación Huésped, el Hospital Muñiz y el Sanatorio Finocchietto, la ley es absolutamente innecesaria porque ya hay un marco legal que habilita la obligatoriedad. 

“La legislación actual claramente permite que solamente con un acto administrativo del Ministerio de Salud, el Gobierno nacional declare a la vacuna del Covid como obligatoria y la introduzca dentro del calendario nacional de vacunación”, afirma Maglio, quien recuerda que ya en noviembre del año pasado, antes del inicio de la tercera ola, el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la UBA había recomendado la vacunación obligatoria para todos los adultos.

El pedido llega también desde otras voces. En una nota con Clarín esta semana, el ministro de Salud de Jujuy, Antonio Buljubasich, pidió que la vacuna sea obligatoria y aseguró que “en el Consejo Federal de Salud (Cofesa), la mayoría opina lo mismo. Las vacunas están y no tiene sentido retrasar esta decisión”.

Maglio remarca que vacunarse es un “un hecho individual, pero a la vez es un hecho social” en el cual hay una trascendencia, un acto “hasta amoroso en términos de compasión colectiva” en el sentido de la protección de la comunidad. Y, entonces, no debería ser todo igual. “No me da igual el que no se vacuna porque cree en la kriptonita, que el que pone el brazo y se la juega por la comunidad”, enfatiza.

Remarca que Argentina tiene una alta adhesión a la vacunación, pero entiende la posible obligatoriedad de la vacuna “desde una ética de la convicción, de la responsabilidad. En algunos casos tenés que recurrir a alguna herramienta. Decir que hay un límite del cual no podés pasar”.

Acceso e información

En Argentina, no obstante, el principal problema del techo que al que se acerca la vacunación del Covid parece estar más vinculado con el acceso y la falta de información. Y también hay un “gris”, un grupo de la población que no es antivacunas pero que tiene dudas particularmente sobre ésta por el contexto en que se aprobó: una pandemia global con plazos aceleradísimos como nunca antes en la historia de la medicina.

“Argentina debería tratar de encontrar mecanismos para facilitar la accesibilidad a los centros de vacunación: si tenés que hacer cola o no están abiertos después de tus horarios de trabajo, te sacan el incentivo de ir a vacunarte”, explica sobre el primer punto Graciela Ocaña, diputada y ex ministra de Salud.

Y respecto del segundo, señala que resta vacunar una cantidad importante de niños y que eso tiene que ver “con la falta de información” y reclama que la ANMAT y el Ministerio de Salud “generen mucha información y transparencia en el proceso”.

En esta línea, cree que sería importante que se apruebe el uso pediátrico de Pfizer “que sería una oportunidad para muchos padres que no vacunan a sus hijos por no tener información” sobre la vacuna de Sinopharm. Incluso, pide en este momento que el Estado encare un estudio para entender por qué no se vacunaron los que no se vacunaron.

En este punto, una aclaración importante: todos los referentes consultados en esta nota destacan la seguridad y la eficacia de las vacunas contra el Covid autorizadas en el país, y de la vacunación como una estrategia sanitaria efectiva en ésta y en todas las enfermedades transmisibles. Los matices del debate surgen respecto del trámite con el que se aprobaron: ¿se puede obligar a alguien a vacunarse con un fármaco autorizado de emergencia?

Aprobación de emergencia

“Tengo mis dudas sobre la vacunación obligatoria. Creo que para que una vacuna sea obligatoria tiene que pasar por los tamices de las entidades regulatorias, y no por una aprobación de emergencia. Me parece razonable que no sea obligatoria hasta que las agencias internacionales y la ANMAT digan que es una vacuna que pasó por los filtros usuales de eficacia y seguridad a largo plazo”, sostiene Adolfo Rubinstein, magister en Epidemiología Clínica y ex secretario de Salud del macrismo.

Desde la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) no tienen una posición tomada sobre la obligatoriedad. Pero a título personal responde Elizabeth Bogdanowicz, miembro del Comité de Infectología Pediátrica de la entidad. Para ella, el camino tiene que ser la recomendación y no la obligatoriedad ya que si bien todas las vacunas aprobadas han demostrado seguridad y eficacia,”son todas vacunas nuevas, excepto las de virus inactivado. La de vector viral y ARN mensajero son desarrollos recientes”.

“Deben cerrarse los estudios en fase III y comenzarse los de farmacovigilancia en fase IV para después decidir sobre la obligatoriedad”, marca Bogdanowicz, quien estima que llegado el momento esta definición “primero debe considerarse para la población adulta, que es la que ha sufrido mucho más el impacto del Covid”.

Para Maglio, volver sobre el punto de la autorización de emergencia no suma. “Que una vacuna tenga autorización de emergencia no significa debilidad o limitación de datos en términos de seguridad sino que se aceleraron los tiempos para evitar la propagación de una pandemia desconocida”, aclara.

Los estudios de fase III ampliados de farmacovigilancia dan hoy, dice, evidencia suficiente en términos de seguridad y eficacia. “Estamos atravesando una situación totalmente excepción y no podés analizarla de la misma forma en que analizaste la vacuna contra la viruela o el sarampión”, sostiene.

Letra fina

La ley nacional de vacunas se aprobó a fines de 2018 y reemplazó la anterior ley, de la época de la dictadura. En ella, hay un artículo clave, el número 7.

“Las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación, las recomendadas por la autoridad sanitaria para grupos en riesgo y las indicadas en una situación de emergencia epidemiológica, son obligatorias para todos los habitantes del país conforme a los lineamientos que establezca la autoridad de aplicación”.

La expresión “las indicadas en una situación de emergencia epidemiológica”, ¿alcanza a las vacunas del Covid?

Aquí también hay una doble interpretación. Para Bogdanowicz, en este artículo la ley se refiere “a vacunas que están autorizadas y conocidas a lo largo del tiempo, en una situación epidemiológica de riesgo”. Y pone el ejemplo de la vacuna contra el sarampión, que en 2018 se decidió aplicar dosis fuera de calendario por un aumento de casos de esta infección.

La misma posición tiene Ocaña: “Para ingresar al calendario de vacunación, las vacunas tienen que tener una autorización de uso. Y las actuales, en todo el mundo, tienen una autorización de emergencia. En Argentina, además, hay dos vacunas, Sputnik y Sinopharm, que están autorizadas por el Ministerio de Salud, ni siquiera están autorizadas por la ANMAT como AstraZeneca y Pfizer”.

Pero para Maglio, el artículo 7 de la ley es justamente al que habilita al Ministerio de Salud a autorizar la incorporación de la vacuna del Covid al calendario. “Si hay una indicación, que las vacunas hayan sido aprobadas en situación de emergencia no es una restricción o un límite para que sea obligatoria. Además, después de haber pasado más de dos años y haberse aplicado millones de dosis en las que no hubo efectos adversos significativos, la excusa de que se aprobó en una situación de emergencia se cae”, afirma.

Y enfatiza que, ante un problema de interpretación, hay que referirse a los principios generales de la ley de vacunas, y que en ella se explicita que “la vacunación es una estrategia de salud pública efectiva, por encima de cualquier interés particular”.

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