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La Justicia jujeña en el ojo de la tormenta por un nuevo pedido de intervención

La independencia de poderes en Jujuy vuelve a ser tema de debate y, en el último tiempo, suscitó toda clase de pronunciamientos tanto a nivel local como nacional.

En estos días se conoció formalmente una iniciativa de los legisladores Fagioli, Hagman y Zaracho, del Frente Patria Grande a través de la cual se solicita la intervención federal al Poder Judicial de Jujuy al sostener que la justicia de esta provincia tiene “prácticas autoritarias” y no garantiza “la forma republicana de gobierno, la división de poderes y el sistema democrático”.

El proyecto impulsado por Fabioli, Hagman y Zaracho propone designar a un Interventor Federal y declarar en comisión a los miembros del Superior Tribunal de Justicia y al titular del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Jujuy, Sergio Lello Sánchez.

Destaca que, desde que asumió como gobernador, el mandatario Gerardo Morales “hizo modificaciones en el Poder Judicial provincial, donde el poder político tiene un alto grado de injerencia y no está garantizada la independencia”.

Detalla que, entre esas modificaciones, “se encuentra la ampliación del Supremo Tribunal de 5 a 9 miembros”.

“Este aumento de miembros se realizó mediante una reforma legislativa, que tuvo la particularidad de que dos de los diputados que votaron la modificación, a los dos días asumieron como integrantes del superior tribunal: Pablo Baca y Beatriz Altamirano. Es decir, se votaron a ellos mismos”, argumentaron.

También recuerdan que “Federico Otaola, actualmente presidente del Tribunal, también había sido legislador de la UCR y candidato a vicegobernador en la fórmula con Morales en el año 2011”.

“Actualmente, Morales continúa profundizando este plan premeditado de cooptación y avasallamiento sobre dicho poder del Estado provincial, configurando una situación de gravedad institucional intolerable”, sostienen los legisladores en los fundamentos del proyecto.

También dijeron que Morales “forzó la renuncia de tres miembros del Supremo Tribunal y pretende forzar la renuncia de tres integrantes más con el claro objetivo de imponer una mayoría propia”.

“A principios de mes, el propio exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni denunció al gobernador ya que ‘Jujuy vive un escándalo jurídico’”, aseveraron.

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La influencia del gobernador Gerardo Morales sobre el Poder Legislativo y el Poder Judicial preocupa mientras cobran fuerza las denuncias por la falta de seguridad jurídica en el territorio: El avance de juicios políticos en la Casa de Piedra contra ciertos magistrados del máximo órgano judicial, las causas archivadas y el torpe e inconstitucional proceder de fiscales jujeños en causas contra detractores de la actual gestión, todo apunta a la intención del mandatario de instalar un modelo autoritario que se viene perfilando desde hace años con muy poca resistencia.

Tan conocida es la desconfianza en la justicia jujeña a raíz de sus vínculos con el gobierno que ya se habían presentado anteriores pedidos sobre los que nunca se avanzó.

Uno de ellos fue el que llevó adelante el senador Guillermo Snopek quien acusó al radical Morales de “usar la justicia jujeña como herramienta de disciplinamiento político”.

Si repasamos la historia de Jujuy en los últimos seis años, es contundente observar como Gerardo Morales fue construyendo una justicia exactamente a la medida de sus inconfesables necesidades.

Comenzó modificando el número de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, y sin mayores miramientos colocó el máximo órgano a diputados radicales, esa fue la primera y contundente señal de que Morales venía por todo y por todos.

Con la creación del Ministerio Público de la Acusación, Morales puso en marcha un formidable aparato represivo, siendo Sergio Lello Sánchez su brazo ejecutor.

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Sergio Lello Sánchez

El jefe de los fiscales ha sido denunciado en varias oportunidades por violencia laboral y de género contra sus empleadas.

El jefe de los fiscales jaqueado por las denuncias en su contra

En los papeles obrantes en el Senado de la Nación, esta expresado que el MPS es “órgano para constitucional para el disciplinamiento social e institucional” que “formula imputaciones a quienes no se alinean políticamente al Gobierno de Gerardo Morales“.

Este nuevo instituto, al borde de la inconstitucionalidad, fue montado bajo el relato de modernizar y acercar a la comunidad la administración de justicia, pero la realidad indica que los justiciables siguen sufriendo las mismas peripecias de antaño, y la eficacia solo se demuestra cuando en el asunto hay algún díscolo con necesidad de disciplinamiento.

Los fiscales que dependen del MPA, están sometidos al salvajismo de un régimen perverso que simplemente los considera lacayos.

Los fiscales no tienen ninguna facultad de pensamiento propio, están cómodos cumpliendo ese indigno papel.

Saben que solo tienen que cumplir órdenes, tanto para hacer avanzar una causa, como para hacerla frenar y archivar.

Inclusive, y esto fue debidamente denunciado, hasta las pericias que realizan los expertos del MPA, son sujetas a modificaciones antojadizas, que en muchos casos nada tienen que ver con lo rubricado por el experto.

Hay algunos hechos que rozaron lo absurdo y disparatado, como por ejemplo el caso Matías Puca, donde movido por intereses que nada tienen que ver con una correcta administración de justicia, llegaron a imputar a personas que absolutamente nada tenían que ver con el lamentable hecho.

Quien llevo adelante la supuesta investigación, fue Aldo Lozano, fiscal de dudosos antecedentes académicos y proclive a estatizar a su familia.

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Aldo Lozano

Cabe recordar que Aldo Lozano llegó a ser fiscal promovido por Milagro Sala.

Hasta el día de hoy, la familia de Matías Puca sigue peregrinando por Justicia.

Esa causa es solo una de la infinidad de ejemplo de una justicia amañada y utilizada únicamente con fines políticos.

La Justicia se convirtió en una herramienta para acallar voces, perseguir opositores y encarcelar a los que protestan.

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