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Vialidad, un caso que arrancó hace 14 años y expuso los vínculos entre los Kirchner y Lázaro Báez

Se inició por una denuncia de Elisa Carrió, en 2008, por cartelización de la obra pública.

En 2018 Cristina Kirchner pidió ir a juicio oral en la causa donde se la acusó de ser “jefa de una asociación ilícita” y de haber defraudado al Estado al no velar por sus intereses y favorecer “al amigo presidencial”, es decir a Lázaro Báez, quien recibió 51 contratos de obra pública vial por $ 46.000 millones durante los gobiernos kirchneristas. Después, la vice intentó voltear, sin éxito, el juicio que concluirá este martes y que expuso los vínculos comerciales con el contratista K.

El expediente que se convirtió en el primer juicio por presunta corrupción que afrontó Cristina, se inició con una denuncia de Elisa Carrió en 2008 donde se hablaba de la cartelización de la obra pública y el beneficio del Estado a un grupo de empresarios amigos. Entonces el nombre de Lázaro Báez tomó estado público y se comenzaba a hablar de acuerdos comerciales con los ex presidentes.

Fue en 2016 cuando el caso tomó impulso tras una denuncia formulada por Javier Iguacel, titular de Vialidad Nacional bajo la gestión macrista. Allí se planteó la existencia de una estructura montada desde el Estado para favorecer a Báez con obra pública vial, mientras profundizaba los vínculos comerciales con los Kirchner.

Jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo GIménez Uriburu.

Dos años después el juez Julián Ercolini dio por clausurada la instrucción y le corrió vista a los acusados para que se pronuncien respecto a la elevación a juicio del caso. En esa instancia y con un breve escrito que presentó su abogado, Carlos Beraldi, en aquel entonces no se opuso a ir a juicio y señaló que allí se defenderá “de un trámite tan alejado de la verdad”.

Sin embargo, cuando la causa Vialidad quedó radicada en el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), la vicepresidenta decidió que el juicio no debía realizarse y planteó quince quejas diversas que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia. Todo fue rechazado y el debate concluirá este martes con la lectura del veredicto que firmarán los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Cuando los fiscales concluyeron sus alegatos, indicaron que se instauró una “maniobra de corrupción” desde el Gobierno y organismos estatales vinculados a la obra pública, y que la misma tenía un eslabón indispensable: el ex socio comercial de Cristina Kirchner. 

La acusación en base a la que se pidió la condena, indicó que “se montó una organización criminal” para la “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Báez”. Fueron 51 contratos por más de 46 mil millones de pesos.

Lo que el caso expuso como idea subyacente, era que el dueño de Austral Construcciones no era cualquier empresario, ni mucho menos un desconocido para los Kirchner.

Ese tejido de relaciones en este caso, mostró dos cifras. El denunciado circuito de contrataciones “irregulares”, permitió que el patrimonio de Báez creciera -entre 2004 y 2015-, un 12.127%, adquiriendo bienes por 205 millones de dólares. Pero no era la instancia final: los fondos “eran destinados a enriquecer el patrimonio de los ex presidentes”, sostuvo en su pedido de condena el fiscal Luciani.

Se habló de un esquema “de beneficios exclusivos” para Báez que posibilitó que se convirtiera en el “empresario de obra pública vial más beneficiado” por las “gestiones presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner”. A los ex presidentes se los señaló como los responsables de “diseñar la maniobra” y de “erigir a su amigo personal” como contratista del Estado.

Este expediente que trazó una línea directa entre los fondos que percibía del Estado Báez y cómo parte de los mismos se convertían en pagos a los Kirchner bajo diversos conceptos, contó con un fallo de la Cámara Federal porteña que determinó que ese dinero irregular, permitió expandir “la matriz de corrupción” a otras investigaciones por lavado de dinero.

Por eso los fiscales Luciani y Mola plantearon que la “operación criminal” fue, a su entender, el medio que utilizaron los ex presidentes Néstor y Cristina para “pervertir su función” y utilizar el Estado para “enriquecerse a costa del trabajo de la comunidad”.

Fiscal Diego Luciani. Foto Marcelo Carroll.

Para dar fuerza a esta tesis, la Fiscalía tanto durante la instrucción como durante los alegatos en la etapa del juicio oral, detalló los veinte acuerdos comerciales que firmaron Austral Construcciones con Néstor y Cristina Kirchner desde 2006 en adelante.

Ingresos asegurados

El análisis cronológico de esos contratos firmados, préstamos de dinero declarados, compra-venta de inmuebles, alquileres cruzados, alquiler de hoteles, ampliación de los mismos, entre otros, muestra que en simultáneo Lázaro Báez ganaba sistemáticamente obra pública vial.

Así fue cómo, mientras crecía el número de rutas que el Estado adjudicado a su holding, la misma constructora garantizaba ingresos millonarios a los Kirchner mes a mes. Ese circuito de fondos ascendió a más de 40 millones de pesos hasta 2015. Un dato: cuando Cristina Kirchner dejó la Casa Rosada al concluir su mandato, declaró una fortuna de 77 millones de pesos.

En base a esos criterios y al hecho de que el único cliente de Austral Construcciones fue el gobierno nacional,  es que la justicia ubicó como parte de una misma ecuación a los Kirchner, a Lázaro Báez y a la obra pública en Santa Cruz. 

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