La visita de los referentes fue adelantada por miembros de comunidades aborígenes locales e integrantes del denominado “Malón de la Paz”, que aun siguen en Buenos Aires exigiendo la derogación de la Carta Magna jujeña y que se saque del gobierno a Gerardo Morales, sus funcionarios y legisladores.
Luego de investigar los hechos ocurridos en junio pasado en Jujuy, los representantes de Amnistía Internacional concluyeron “la policía de la provincia de Jujuy respondió con uso de la fuerza indiscriminada en contra de quienes protestaban por sus derechos”.
En un reporte presentado recientemente, indican que “el 16 de junio pasado, la Convención Constituyente de Jujuy aprobó una reforma parcial de la Constitución provincial sin participación social y sin el consentimiento previo, libre e informado de las poblaciones indígenas. A partir de dicha reforma, se desataron protestas en toda la provincia de Jujuy en el marco de las cuales tuvieron lugar numerosas violaciones a derechos humanos debido a la represión policial en diferentes puntos de la provincia”.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, afirmó que “las autoridades provinciales han forjado un ambiente hostil para que la población jujeña ejerza su derecho a protestar pacíficamente”.
El informe de Amnistía Internacional
El grupo de representantes que investigó lo ocurrido estuvo en San Salvador de Jujuy, Tumbaya, Cochinoca, Humahuaca y Susques. Entrevistó a 107 víctimas y testigos, incluyendo integrantes de más de 15 comunidades indígenas, abogados, referentes de organizaciones de derechos humanos, al fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, y representantes del Ministerio de Seguridad provincial.
Estos determinaron luego “el uso innecesario y excesivo de la fuerza, incluyendo el empleo de gas lacrimógeno y balas de goma en protestas, lo que resultó en múltiples casos de lesiones de quienes participaron en la protesta”.
“La policía disparó balas de goma directamente a la cabeza de las personas que se manifestaban. Dos de ellas resultaron con lesiones oculares permanentes, incluido un adolescente que recibió disparos de balas de goma en el rostro y en el torso”, se expresa en otro momento del informe.
Amnistía Internacional denunció que “funcionarios de las fuerzas de seguridad intervinieron en el control de las protestas en vehículos particulares, sin identificación o se rehusaron a identificarse al ser interpelados por las personas que se manifestaban. Asimismo, muchos relatos apuntan a la presencia de funcionarios estatales no uniformados que habrían agredido a los manifestantes con golpes y piedras”.
La situación se agravó porque “muchas de las víctimas que sufrieron lesiones físicas relataron haber encontrado resistencia y hasta la negación a la atención médica en más de un hospital público en la provincia”.
El reporte consigna también “detenciones arbitrarias, persecución penal y contravencional por el solo hecho de participar en las manifestaciones, lo que configura una medida arbitraria de privación de la libertad”.
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