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Durante la sesión extraordinaria, programada para iniciar a las 12, se abordarán temas diversos, como el proyecto titulado ‘Argentina Inclusiva’, el Plan de Ciencia y Tecnología para el año 2030, la Ley ‘Olimpia’ y la propuesta de establecer tres nuevas universidades nacionales.
Los pormenores de la disputa sobre la Ley de Alquileres
No obstante, el foco principal de la sesión recae en el análisis de la Ley de Alquileres. La Cámara de Diputados se encuentra en la encrucijada de decidir si aprueba las enmiendas realizadas por el Senado hace diez días a solicitud del Frente de Todos o si mantiene el texto original, impulsado por Juntos por el Cambio y aprobado inicialmente por los diputados en agosto pasado.
El proyecto aprobado en la Cámara de Diputados contenía disposiciones que indicaban que los contratos de alquiler debían tener una duración mínima de dos años, en contraposición a los tres años vigentes actualmente. Además, contemplaba la posibilidad de realizar ajustes cada cuatro meses, ofreciendo a ambas partes la libertad de seleccionar el método para calcular el porcentaje de incremento entre diversas fórmulas o índices disponibles.
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De acuerdo con las disposiciones contenidas en el proyecto que obtuvo la aprobación de la Cámara de Diputados, las alternativas disponibles para elegir incluían el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y el Índice de Salarios (IS), todos elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Además, se contemplaba la posibilidad de que las partes acordaran adoptar una combinación de estos índices como método de ajuste.
No obstante, durante su debate en el Senado, el proyecto experimentó alteraciones, lo que significa que, de acuerdo con el procedimiento estándar, la cámara de origen de la propuesta (en este caso, la Cámara de Diputados) debe determinar si acepta las enmiendas realizadas o si mantiene el texto original.
Entre las modificaciones introducidas por el oficialismo en el Senado se encuentra la duración del contrato, que en este proyecto establece un mínimo de tres años, además de agregar que «los contratos de locación con destino» de vivienda deberán ser estipulados «en valor único en moneda nacional y por períodos mensuales sobre el cual podrán realizarse ajustes con periodicidad a intervalos no inferiores a seis meses».
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Además, en el Senado se alteró el sistema de ajuste de los costos de los arrendamientos y se estableció que «los ajustes deberán efectuarse utilizando un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del coeficiente de variación salarial publicado por el Indec y la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), publicado por el BCRA».
El Senado, asimismo, añadió una cláusula adicional al artículo 9 del texto, en la cual estableció que «los ingresos provenientes de locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del monotributo».
En la sesión especial programada para este martes al mediodía en la Cámara baja, se presentará una situación equitativa entre los grupos que apoyan la propuesta con las alteraciones propuestas por el Senado y aquellos que respaldan el texto original aprobado en Diputados.
Incluso es posible que se dé una situación en la que ambas posturas, ya sea la de mantener el texto original o aceptar las modificaciones del proyecto, reciban votos en contra por parte de los tres diputados libertarios, ya que desde esta facción se argumenta que el Estado no debería intervenir en el asunto de los alquileres.
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Al llegar a este punto, desde el Frente de Todos (FdT) entienden que, al no poder reafirmar la redacción original de la Cámara de Diputados, se dará la aprobación al texto del Senado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 81 de la Constitución.
Por otro lado, Juntos por el Cambio (JxC) argumenta que, en tal situación, la Ley actual (aprobada en 2020) seguirá en vigor, dado que el artículo 82 de la Constitución prohíbe la sanción «implícita o ficticia» de un proyecto.
En ausencia de acuerdos previos, este asunto se resolverá durante la noche del martes o en las primeras horas del miércoles, dado que la Ley de Alquileres es el último punto en la lista de diez proyectos que componen el orden del día de la sesión especial.
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Los otros temas de la sesión especial
Respecto a los otros temas que se abordarán en la sesión especial, el oficialismo anticipa que no enfrentará dificultades para obtener el respaldo de aliados en la aprobación del proyecto del Poder Ejecutivo, que establece el programa «Compre sin IVA». Este régimen reintegra el 21% del valor de las compras realizadas en establecimientos minoristas o mayoristas, con un límite de hasta $18,800 por mes.
También se debatirá sobre el Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL), una iniciativa respaldada por el Poder Ejecutivo. Este régimen tiene como objetivo mejorar las condiciones para la industrialización del gas natural y promover el desarrollo de la cadena del GNL, junto con la industria de los bienes de capital relacionada.
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Igualmente, dentro de la lista de propuestas a discutir se encuentra el proyecto de ley de Fomento de la Industria del Calzado y su cadena de valor. Esta iniciativa busca beneficiar a todos los participantes de la industria, incluyendo proveedores de materias primas, fabricantes, empleados, marcas y consumidores, al promover una mayor disponibilidad de calzado con diversos estilos y tecnología avanzada, generando empleos de calidad y con personal cualificado.
También se encuentra en la agenda legislativa el proyecto que integra la violencia digital en la Ley 26.485 sobre Protección Integral a las Mujeres, comúnmente conocido como la Ley Olimpia. Esta iniciativa aborda las acciones delictivas que vulneran la intimidad sexual de las personas mediante plataformas digitales y establece sanciones para la divulgación no autorizada de contenido íntimo.
En esta situación, se trata nuevamente de una propuesta que regresa a la Cámara de Diputados para su segunda revisión, y se espera que sea aprobada sin contratiempos, ya que la modificación realizada en el Senado se refiere a una corrección de carácter formal, acordada entre los distintos bloques parlamentarios.
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El proyecto, que recibe su nombre en honor a la activista mexicana Olimpia Coral Melo, una sobreviviente de violencia digital, ya ha obtenido la aprobación de ambas cámaras legislativas, pero regresa a la Cámara de Diputados debido a una cuestión técnica.
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