“ El indicador de inflación alcanzó el 80% en lo que va del año, mientras que los aumentos salariales otorgados por esta gestión a sus trabajadores supera el 100%… El gobierno dará la respuesta que tiene que dar”, se ufanó el ex embajador argentino en Bolivia.
Quizás su estadía prolongada en el vecino país (asumió originalmente como ministro de Trabajo en 2020) le impidió conocer la licuación salarial que habían padecido los trabajadores dependientes de la administración pública hasta ese entonces: se estima que ya habían perdido más de 55 puntos hasta el momento que Álvarez García se incorporó al equipo del gobernador Morales, ese mismo año el desfase superaría los -30 puntos, record de gestión.
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No obstante las declaraciones del ministro son reales, datos innegables pero a la vez capciosos. Por ejemplo no reconoce que hasta el mes de junio, el salario se había deteriorado 53,3% solo durante el primer semestre (varía según escalafón y categoría). La mejora sustancial impactó a partir del mes siguiente y solo como una respuesta al reclamo generalizado que había ganado las calles en medio de una crisis institucional sin precedentes.
Trabajadores aseguran que el ofrecimiento salarial «es el peor que hicieron en 8 años»
Por ejemplo fueron requeridas múltiples reuniones, marchas, movilizaciones, paros y demás acciones de protesta para finalmente elevar hasta $200.000 el salario inicial docente, replicando la medida sobre otra gran parte de la planta de trabajadores. La victoria de los educadores nada tuvo que ver con la generosidad política, de hecho la propuesta oficial estuvo inmóvil en $175.000 durante varias semanas antes de reaccionar.
Tomando a los docentes como parámetro, el último Informe Indicativo del Salario publicado por la Secretaría de Evaluación e Información Educativa basado en los datos del pasado junio, posiciona a Jujuy en el primer lugar de variación interanual con 274% por encima de Corrientes (188%) Formosa (173%) Ciudad Autónoma de Buenos Aires (149%) Santiago del Estero (142%) Catamarca (141%).
He aquí la falacia de Álvarez García, los aumentos nominales no implican mejores salarios. Todo depende del punto de partida. En el apartado de Salario Bruto para maestros de grado con 10 años de antigüedad, Salta es ratificada como la provincia con mejor salario promedio, seguida de Neuquén, Córdoba, Santa Fe, Tierra del Fuego entre otros. La performance de Jujuy mejoró como puede observarse en el documento, todavía lejos de cubrir la expectativa, agravado porque durante el trimestre julio-agosto-septiembre, no se cumplió con el compromiso de revisión mensual al que había accedido Carlos Sadir, meses donde la suba de precios se instaló en los dos dígitos.
Durante septiembre de 2022, tomando la misma fuente, Jujuy se encontraba entre las peores provincias en nivel de remuneración de maestros y profesores, solo por detrás de Formosa y Santiago del Estero, cuyas gobernaciones suelen apelar a sumas fijas o bonos extraordinarios para equilibrar la demanda, sin impacto estructural y en algunos casos produciendo un achatamiento de la pirámide salarial, término acuñado recientemente en nuestro pago ante la suma fija de $20.000 en dos cuotas, incluso por debajo de la resolución de Sergio Massa para los meses de septiembre y octubre cuyo valor asciende a $60.000 también dos pagos.
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Otro dato no menor, aunque el gobierno jujeño haya accedido a emparejar salarios con inflación, el mismo Ministerio de Educación nacional afirma “es la jurisdicción con menor % de componentes remunerativos a nivel nacional ”. Un defecto continuamente marcado incluso por fuera de los gremios docentes: tanto los afiliados a SEOM como APUAP han confirmado que cerca de la mitad de su recibo de sueldo se integra de conceptos en negro, cuyo impacto se verá reflejado a futuro, especialmente en el cálculo que hace ANSES para el pago de haberes jubilatorios.
Como se ha explicado en múltiples oportunidades, a pesar del incremento permanente en conceptos de coparticipación federal y recaudación tributaria interna, la precarización salarial ha sido sostenida sistemáticamente durante los primeros siete años del gobierno encabezado por Gerardo Morales y prontamente extendido bajo el mando de su ministro de Hacienda Carlos Sadir. El ajuste es palpable aunque los motivos no del todo claros, economistas opositores sostienen que es la única manera de garantizar el pago de las deudas y obtener equilibrio fiscal, un virtual superávit a costa de contener el gasto público, cuyo mayor erogación está concentrada en el pago de los empleados.
Una planta que no ha hecho si no crecer durante los últimos años, hasta superar los 92.000 trabajadores según informó DIPEC hace dos años atrás, duplicando el número de asalariados registrados en el sector privado. Un innegable fracaso del gobernador, quien presentaba este cambio de matriz laboral como parte de su plataforma electoral en 2015. Hay que sumar un error conceptual tan básico como inentendible en un gobierno de contadores públicos: si la masa de trabajadores formales más importante de la provincia no tiene posibilidad de volcar en el consumo minorista sus ingresos de manera paralela al ritmo inflacionario, la actividad económica se estanca.
Aún con el cierre parcial de la brecha entre remuneración – inflación descripto líneas arriba. Para una recuperación completa del bolsillo, los estatales jujeños deberían recibir antes finalizar el año un esquema de recomposición similar al de junio, cuando menos superior al 100%, aunque esta cifra estará sujeta a la desaceleración del Índice de Precios al Consumidor, hecho incierto debido a la volatilidad económica, la especulación de mercado y el inminente recambio político en la órbita nacional.