El barrio Estación de Tilcara desde hace días se encuentra en el ojo de la tormenta. Una madre se encadena en su casa para evitar ser desalojada. Una jovencita pidiendo a través de un video que no despojen a la calle a sus abuelos de 68 y 63 años de vida. Mientras tanto, grandes máquinas pasan por arriba de las casas y alrededor de 200 policías, la mayoría con barbijos para evitar ser identificados, son parte de este terrible escenario que atraviesan varis familias a las que el gobierno provincial busca desalojar.
Al menos tres de ellas iniciaron juicios para no quedar en la calle y están siendo representadas por la abogada Alejandra Cejas.
La situación se encuadra en el marco del avance del proyecto turístico del Tren Solar que, más allá de querer generar oportunidades y mejoras para los lugareños, avasalla contra los hogares de familias y reprime a quienes viven desde hace más de 30 años en ese sector, según dan cuenta los lugareños.
Embed – El drama de las familias desalojadas en Tilcara
De acuerdo a las declaraciones de Cejas, este conflicto data desde el año pasado cuando en Tilcara se gestó una denuncia penal falsa por supuesta usurpación de las familias que viven en el mencionado barrio, lugar en donde antiguamente pasaba el tren y que actualmente se busca que retome su recorrido. Ese sector barrial se forjó luego de la privatización del año 1992.
“Yo represento a tres familias de las cuales tienen títulos de propiedad del año 1994, porque cuando se privatiza el tren, se le da la opción a quienes ya habitaban en las viviendas del ferrocarril a poder comprar esas unidades inmobiliarias si no había alguna imposición del Estado. Tienen todos formularios conforme Ley 24. 146, que es la que ampara a su derecho de propiedad, son personas con propiedad privada», expuso.
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Fiscal denunciado penalmente
Cejas sostuvo que el fiscal Fernando Alancay, quien interpuso denuncias falsas de usurpación, está denunciado penalmente desde el mes de septiembre. “Pero aquí no podemos denunciar. Y los jueces te puedo asegurar tengo tres pedidos de audiencia y ninguno quiere”.
Cejas, además puso de relieve que hay otros vecinos que han decidido firmar convenios compulsivos, ya que son a la «luz» denuncias penales falsas. “Este barrio tiene más de 30 años y se los está relocalizando, pero hay familias que no se van a ir, en el caso de dos de mis clientes no se van a ir porque tienen su título de propiedad y nunca usurparon”.
Sobre aquellas familias que están siendo ubicadas describió que fueron trasladados a un predio cercano a terrenos vacíos. «Algunos le dieron una habitación o un baño, era eso o la cárcel. He visto una foto uno de los vecinos, una pieza de 2×2 y un baño, sin luz, sin agua».
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Una pieza de 2 x 2 metros o la cárcel
Otros de los motivos del brutal desalojo de las familias, indicó Cejas, se debe a que el gobierno busca ubicar en ese mismo espacio, locales comerciales ya que el ferrocarril es de carácter «turístico» y no de utilidad pública. Pero lo llamativo de esta situación es que el desalojo, por el momento, no se ha hecho a propiedades del actual intendente tilcareño, Ricardo Romero, menos se vio afectada una parrillada que funciona en la localidad norteña.
No obstante, puso de relieve que no habría necesidad de sacar a las familias de ese lugar ya que las vías del tren están al costado de los domicilios y que, al igual que ocurre en Maimará, el ferrocarril puede pasar a una distancia segura de los hogares.
«No hay razón de Dios legal que haga que los jueces intervengan, debido a que hay una decisión política del gobierno provincial de sacar a todos”, dijo la abogada Alejandra Cejas.
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Desalojos sin juicios
«Yo entiendo que hay situaciones que da para que el Estado actúe y pida desalojo, pero en este caso lamento decirlo que legalmente no se puede tener acceso a la justicia con jueces que se ocultan, fiscales que no aparecen, así no funciona la justicia. En Jujuy estamos una situación de extrema vulnerabilidad porque si al gobierno se le ocurre sacarte porque quieren quedarse con tu casa, te arman una causa y después dicen que te desalojan».
«Están haciendo un desalojo sin juicio. Nadie fue a un juicio. O sea, a las familias le hacían firmar indicándoles «si vos te vas, te retiramos la causa penal». Las causas penales de instancia pública no la puede retirar un funcionario del Estado y, en ese tenor han salido las firmas de varios convenios. Todo bajo presión de sacarlos de su casa para hacer negocios en tierras que no pueden expropiar porque no son tierras del Estado provincial sino nacional», culminó la abogada.
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