El gobierno buscará obtener el dictamen delPresupuesto 2025este martes por la tarde en la sesión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, para luego aprobarlo en la sesión de la Cámara de Diputado el próximo jueves 21. Pero son en apariencia los gobernadores los principales interesados en su aprobación, intentando obtener algún fondo adicional y «asegurar» relativamente ciertas partidas destinadas a las provincias, a continuar con un nuevo presupuesto prorrogado que deja a total discreción del Ejecutivo la distribución de partidas. La rendición y la entrega al plan de Milei es total.
El Presupuesto 2025 que presentó el oficialismo reafirma la sumisión al capital financiero y al FMI, y ordena como nunca toda la economía en función de pagar la deuda ilegítima, ilegal y fraudulenta.
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Como señala Jésica Calcagno, “Mejor un mal presupuesto que ninguno” es la frase que están haciendo propia los gobernadores y sus tropas parlamentarias en Diputados. El gobierno cuenta con el apoyo de los gobernadores y los bloques aliados del PRO, la UCR, Innovación Federal y Encuentro Federal de Pichetto, que participan de la elaboración de un nuevo texto de dictamen que recién se conocerá este martes en la Comisión.
Los legisladores que responden a los gobernadores conceden su voto al presupuesto de ajuste de Milei a cambio de cierto alivio frente al ahogo financiero al que primero fueron sometidas las provincias. Buscan la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), certificaciones de obras públicas, pagos de la deuda que Nación tiene sobre las cajas previsionales y otras compensaciones.
Unión por la Patria presentaría con un dictamen propio, no será de rechazo sino que propone un plan económico alternativo. Germán Martínez enumeró varios de los puntos que contiene su texto, algunos similares al pliego de reclamos de los gobernadores. Por su parte, el Frente de Izquierda presentará un dictamen de rechazo de conjunto al Presupuesto.
Claves del Presupuesto 2025
Si bien no se conoce el texto definitivo, aquel que presentó el gobierno el 15 de septiembre ya imprime la hoja de ruta principal del gobierno para el año que viene. Estos son algunos de sus principales puntos:
1- Regla fiscal: En el primer artículo el proyecto de ley establece que «el Sector Público Nacional deberá obtener a partir del ejercicio 2025 y en todos los ejercicios subsiguientes, un resultado financiero equilibrado o superavitario. La presente Regla Fiscal implica que frente a cualquier desvío en los ingresos proyectados que afecten negativamente el equilibrio financiero, los gastos deberán, como mínimo, recortarse en la misma proporción. Para ello, las partidas no sujetas a un monto de ejecución mínimo previsto legalmente, deberán ser recortadas en la proporción necesaria a fin de reestablecer el referido equilibrio financiero». En otras palabras, pase lo que pase, el gobierno prioriza los pagos de la deuda fraudulenta, cuando los datos sobre la dramática situación social que atraviesa el país indican que un 52,9 % de población es pobre. La «regla fiscal» debiera llamarse la «ley de los que más tienen».
2- Intereses de deuda: Un Presupuesto a la medida del capital financiero. El 9% del presupuesto se destina a pagar intereses de deuda a los especuladores y organismos internacionales, más de $10 billones. Significa más de dos veces y media de lo que va a la educación universitaria. Y 40% más que el presupuesto para salud. El proyecto de presupuesto no dice nada sobre objetivos deseables de terminar con la pobreza, con la indigencia y con los salarios de hambre.
3- Proyecciones ficticias: El oficialismo proyecta una inflación del 104,4% para 2024 y del 18,3% para todo 2025. Son números muy por debajo de la realidad que se estima para presentar las partidas en relación a un falso porcentaje, pero en este caso es casi ridículo. Antes de que el proyecto de Presupuesto 2025 alcance dictamen, el INDEC informó que la inflación acumulada en el año hasta el mes de octubre de 2024 alcanzó al 107%, es decir ya superó lo que el gobierno “previó” hace solo dos meses. Para finales de 2025, el gobierno estima que el dólar oficial va a cotizar a $1.207. Esto supone que el año próximo el ritmo de aumento del dólar va a ser similar al aumento de precios, algo que el equipo económico prometió para este año, pero que no lo está logrando.
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4- Cristaliza el brutal ajuste fiscal: El ajuste de partidas del gasto excluyendo el pago de intereses de deuda son del orden del 29% en términos reales entre 2023 y 2025. Los principales recortes están dados por los Servicios económicos (-56% respecto a 2023), lo que implica más tarifazos y distintos servicios sociales como Promoción y Asistencia social (-61% vs 2023), Educación y Cultura (-44% respecto a 2023), Ciencia y Tecnología (-32%), Vivienda y Urbanismo (-51%), Agua potable y alcantarillado (-66%), Seguridad Social (jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, – 16%).
5- Aumento de la regresividad tributaria:L a presión tributaria aumentará del 22,37% del PIB en 2024 al 22,92% el año próximo, llamativa suba considerando que el presidente Javier Milei se refirió a los impuestos como un robo. Este incremento de la presión es desigual y regresivo: se proyecta una mayor carga sobre los trabajadores a través de un aumento de la recaudación del impuesto a las Ganancias, y del Monotributo mientras se reduce los ingresos esperados por Bienes Personales. En tanto, se mantiene el gasto tributario, es decir lo que el Estado deja de recaudar por beneficios que logran, fundamentalmente, grandes empresarios (Galperin con Ley de Economía del Conocimiento, regímenes de Tierra del Fuego, actividad minera), entre otros. En 2025 representará 3,54% del PIB.
6- Más ajuste a jubilados y pensionados: La partida destinada a jubilaciones y pensiones en 2025 cae 10,4% respecto a 2023 y un 3% respecto a 2024, considerando la inflación REM-BCRA. Para que el presupuesto en prestaciones previsionales tenga el mismo poder de compra que en 2023 debería ser de $42,3 billones y es de solo $38,6. Es decir, $3,7 billones de pesos menos. Este recorte representa casi un tercio de lo que se destina a destinar a intereses de deuda a privados y organismos internacionales en 2025 (10 billones de pesos).
7- Recortes en Salud: El presupuesto asignado al Ministerio de Salud se reducirá en 2025 un 23% en términos reales con respecto a 2024. Es preocupante el ajuste que sufrirán muchos de los Hospitales Públicos e instituciones más reconocidas, que atienden a miles de familias trabajadoras diariamente y que en muchas ocasiones llevan adelante tratamientos y operaciones de alta complejidad. Casi todos los hospitales tienen recortes superiores al 15%. El Hospital Bonaparte contará con 30% menos de recursos en términos reales que 2023 y -10% que 2024, al Posadas y al Garrahan, 11,5% menos que en 2023. Al Instituto Nacional del Cáncer le otorgan 50 % menos que en 2023. Asimismo, se recortan programas clave como “Acceso a medicamentos, insumos y tecnología médica” .
8- Ataque a la educación y universidades públicas: El proyecto de Presupuesto suspende pisos legales de garantías presupuestarias en Educación (6% del PBI) y Ciencia y Técnica (0,39% del PBI para 2024 y su crecimiento hasta alcanzar un financiamiento igual al 1% del PBI para el año 2032). También se elimina la obligación de cumplir con el piso de financiamiento del 0,2% del total de los ingresos corrientes para Educación Técnico Profesional. Para Universidades, el recorte real entre 2023 y 2025 será del 36,7%.
9- Motosierra a los fondos ambientales: El gobierno incumple la Ley de Bosques y sólo destina 38,8 veces menos al Fondo Nacional de Enriquecimiento y Conservación de lo que se debería destinar. Desde otra perspectiva, solo asigna el 2,56% de lo que debería recibir por ley. Además, el Sistema Federal de Manejo del Fuego pasará de recibir $33.338 millones a $28.603 millones para evitar incendios, lo que significa menos del 0,025% del total del presupuesto. También elimina los programas y las partidas destinadas al desarrollo de energías renovables.
10- Desmantelamiento de las partidas de género: El Programa acompañar se encuentra en un nivel de riesgo altísimo; de las 20 mil altas programadas para el primer trimestre de 2024 sólo se alcanzó a 434 mujeres y personas LGTB. En el año pasado, para el primer trimestre de 2023 se otorgó el programa a 34 mil personas, en tanto que en este primer trimestre se otorgó a 434. De conjunto, redujo su ejecución en un 79%. Los Programas de Protección y Rescate de víctimas de violencia y trata registraron caídas del 72,11% y 90% en el mismo período. Se eliminan directamente las partidas presupuestarias para Educación Sexual Integral (Ley 26.150, del año 2006), que establece que los y las estudiantes tienen derecho a recibir ESI en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de todo el país, directamente no se contempla. Las partidas específicas destinadas a brindar una ayuda urgente a personas trans o a los tratamientos de hormonización y capacitaciones para esa población tampoco aparecen en los anexos del proyecto.
11- Tarifazos: saqueo al bolsillo y fiesta de ganancias: Se profundizan los tarifazos de servicios públicos, que constituyen uno de los mecanismos principales del saqueo al salario que está en curso. Los subsidios al sector energético bajan un 41,7% interanual (de $6,741,332 millones a $5,040,403 millones) mientras incrementan los fondos destinados a Transporte un 30% interanual real (de $2,369,729 a $3,948,073 millones). El presupuesto prevé que el 84,83% de los costos mayoristas del sistema eléctrico sea cubierto por la tarifa eléctrica que abonan los usuarios, “cada uno de ellos con diferentes tratamientos tarifarios”. Un incremento de 20 puntos porcentuales con respecto a 2024 que impactarían en aumento de la tarifa.