En Argentina, la educación superior es gratuita y no puede cobrar tasas a los estudiantes, ya sean nacionales o extranjeros. Sin embargo, la cuestión de si se pueden aplicar aranceles a los extranjeros no residentes genera un debate legal sobre la interpretación de las normativas vigentes.
Qué establece la ley con respecto a los extranjeros
Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el abogado constitucional, Diego Armesto, quien expresó que la ley de migraciones “establece que los estudiantes extranjeros que deseen acceder a la educación primaria, secundaria, terciaria o universitaria en Argentina tienen derecho a una residencia temporaria por un plazo de dos años, prorrogable”.
Según el entrevistado, esta medida garantiza a los estudiantes extranjeros una condición legal que les permite acceder al sistema educativo del país sin mayores obstáculos y además, el artículo 7 de la misma ley establece que, “no se puede negar el derecho a la educación a un extranjero, incluso si no ha cumplido con todos los requisitos administrativos”.
En esos casos, “las universidades están obligadas a asistir a los estudiantes para que aseguren que el acceso a la educación no esté restringido por trámites incompletos, favoreciendo la inclusión educativa de los estudiantes internacionales”.
Cómo son los derechos de los estudiantes nacionales con respecto a los extranjeros
Por otra parte, el entrevistado destacó que el artículo 20 de la Constitución Nacional “refuerza este principio, igualando los derechos de los extranjeros con los de los nacionales, y también establece la gratuidad de la educación en las universidades públicas”. Y remarcó que ninguna universidad puede cobrar tasas o impuestos adicionales, asegurando que el acceso a la educación no se vea limitado por el origen del estudiante, “garantizando igualdad de oportunidades”.
Para Armesto, “lo que está ocurriendo actualmente parece reflejar una falta de coherencia en los discursos y una falta de análisis profundo sobre la situación”. Y añadió: “Es necesario buscar mecanismos que aseguren el cumplimiento de estos derechos sin generar contradicciones ni perjudicar a las personas”.
Al finalizar, el entrevistado, agregó: “En lugar de modificar la Constitución, es importante centrarse en buscar consensos y modificar las leyes existentes, adaptándolas a la realidad actual de la Argentina, para que los derechos de todos los individuos estén debidamente garantizados”.