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El Juicio a las Juntas fue un proceso judicial emblemático en la historia argentina y mundial, llevado a cabo en 1985. Este juicio, ordenado por el entonces presidente Raúl Alfonsín, tuvo como objetivo juzgar a los principales responsables de la dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983, un período marcado por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, torturas y asesinatos.
Este proceso judicial se basó en el informe «Nunca Más» de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), y culminó el 9 de diciembre de 1985 con la condena a cinco de los nueve militares enjuiciados, entre ellos Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, quienes recibieron penas de reclusión perpetua. No obstante, cuatro de los acusados fueron absueltos, lo que generó críticas por parte de diversos sectores de la sociedad, que demandaban justicia plena para las víctimas del régimen.
A pesar de su importancia histórica, el juicio no estuvo exento de obstáculos. En los años siguientes, se promulgaron leyes de impunidad que limitaron la persecución de otros responsables de la dictadura, aunque estas leyes fueron finalmente anuladas en 2003, permitiendo la reapertura de juicios por crímenes de lesa humanidad.
La postura crítica de la izquierda
La Izquierda Diario y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) han mantenido una postura crítica respecto al Juicio a las Juntas y sus implicancias. Para el PTS, el juicio fue un avance en la lucha por los derechos humanos, pero también evidenció las limitaciones al otorgar penas bajas y absoluciones que no reflejaron la gravedad de los delitos cometidos. El juicio se centró principalmente en los altos mandos militares, dejando a miles de participantes del genocidio sin condena y dejando afuera a los autores intelectuales y a la gran burguesía que había clamado por «orden» y que había facilitado la represión desde sus propias empresas. Esta omisión crítica permitió que se construyera un relato en el que los algunos militares aparecían como una «horda de asesinos y torturadores» que actuaban por cuenta propia, cuando en realidad, estaban respaldados por sectores poderosos que se beneficiaron de la represión y que luego se adaptaron a los gobiernos constitucionales para seguir profundizando su dominio económico y político. El juicio, aunque fue un paso importante en el reconocimiento de los crímenes de la dictadura, no abordó la complicidad civil y empresarial en el genocidio. La clase capitalista que apoyó a los militares continuó ejerciendo su poder en la democracia, lo que demuestra que el juicio no logró desmantelar las estructuras de poder que habían sostenido al régimen militar.
Además, el PTS ha denunciado de manera constante la continuidad de prácticas represivas y la impunidad de algunos genocidas. Casos como el de Blaquier en Ledesma son mencionados como ejemplos de esta impunidad persistente. La organización también ha rechazado fallos judiciales que consideran beneficiosos para las fuerzas represivas, abogando por una justicia que condene verdaderamente a los responsables de los crímenes de la dictadura.
Asimismo, el PTS y La Izquierda Diario destacan la importancia de no solo recordar y juzgar los crímenes del pasado, sino también de combatir las violaciones actuales a los derechos democráticos y laborales. En su visión, la represión y la criminalización de la protesta social en la Argentina contemporánea son una continuación de las prácticas del Estado represor de la dictadura, lo que refuerza su compromiso con la lucha por los derechos humanos en todas sus formas.
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