Por primera vez, el fiscal Eduardo Taiano identificó con nombre y apellido al ex jefe de la SIDE y actual senador K Oscar Parrilli, al ex número dos de ese organismo y ministro de Justicia bonaerense Juan Martín Mena, al ex jefe del Ejército general (RE) César Milani y al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, entre otros, como investigados por el encubrimiento y tareas de espionaje ilegal en la causa en que se investiga el crimen del fiscal Alberto Nisman. Incluso, mostró dudas por datos que manejaba Cristina Kirchner y no estaban en la causa.
En un balance de casi 8 años de investigación a poco de cumplirse 10 años del asesinado del ex fiscal de la AMIA, Taiano adelantó hacia donde apunta su investigación en cuanto a las operaciones de inteligencia ilegal cometidas antes y después de la muerte del fiscal, el 18 de enero de 2015. El primer año y pico la causa estuvo en manos de la fiscal Viviana Fein.
En la causa están con procesamiento firme el técnico informático Diego Lagomarsino como supuesto partícipe necesario del crimen y los custodios de la Policía Federal Rubén Benítez, Luis Miño y Armando Niz, como supuestos encubridores por haber tardado 8 horas en entrar al departamento de Nisman, entre otras irregularidades. El cuarto custodio Néstor Durán está procesado solo por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
A fines de diciembre, Taiano imputó por irregularidades en el procedimiento de la Policía Federal para levantar pistas en el departamento de Nisman al ex viceministro de Seguridad y actual senador provincial K, Sergio Berni, al ex jefe de la Policía Federal, comisario Román Di Santo, al ex jefe de la Prefectura, prefecto Luis Heiler y al ex secretario de Cooperación del ministerio de Seguridad, Dario Ruiz
Pero en el informe de 50 páginas del viernes, tal como Clarín había adelanto en exclusiva, Taiano se direcciona hacia Parrilli, Milani y otros del aparato de inteligencia de la ex presidenta y suma al sargento retirado de la Federal, Ariel Zanchetta –procesado por espiar jueces-, a la “carpeta blanca” encontrada en Seguridad con seguimientos sobre Nisman y a los dossier de inteligencia secuestrados en la casa de El Calafate de Cristina, entre otras pistas.
A fines de 2014, tras la firma del polémico Memorándum de Entiendo con Irán, Cristina echó al “Chango” Luzuriaga y a “Paco” Larcher –nombrados por Néstor Kirchner- como “Señor 5” y “Señor 8” de la SIDE y los reemplazó por Parrilli y Mena. En diciembre, Parrilli “jubiló” a Stiuso, entonces director de Operaciones de la SIDE y el más firma apoyo de Nisman en “la casa”. No si antes, aumentar el presupuesto de Inteligencia del Ejército, cargo que retenía Milani como jefe del Ejército.
En este contexto, el gobierno de Cristina tomó “medidas tendientes a favorecer y fomentar la labor de inteligencia del Ejército Argentino, que se materializó en la realización de tareas que antes eran realizadas por la Secretaría de Inteligencia. Este accionar no sólo se llevó adelante desde lo discursivo en base a una nueva doctrina de inteligencia militar, sino que se sostuvo, principalmente, en un redireccionamiento de los fondos a ese sector”, escribió Taiano. Desde la ley de Defensa del ex presidente Raúl Alfonsín está prohibido que las FF.AA. realicen inteligencia interior.
Para Taiano, el rol del director de Interior de la SIDE Fernando Pocino “resulta un eje neurálgico en el entramado de comunicaciones y vinculaciones con otros organismos”. Esta centralidad se verificó con claridad en la mañana del día 18 de enero de 2015, muchas horas de la medianoche cuando se conoció que Nisman estaba muerto. Este funcionario, mantuvo comunicaciones “con subordinados, con el Subdirector de la AFI, Juan Martín Mena, con el Jefe del Estado Mayor General del Ejército –quien había estado a cargo de la Jefatura II de Inteligencia de esa fuerza-, y ex miembros de la policía de la Provincia de Buenos Aires”.
“El vínculo con miembros del Ejército Argentino no fue casual. La investigación logró determinar que un subordinado cercano al jefe de esa fuerza colaboraba con agentes de la AFI, era conocido en una de sus bases y tenía contacto con el Director y personal jerárquico de esa dependencia”, en una supuesta referencia al suboficial retirado Conrado Pereyra, conocido como «el verde» y quien aparece vinculado con esos dos organismos, con Zanchetta e incluso con una operación contra el periodista y actual director de la Escuela de Inteligencia de la SIDE, Tata Yofre, a fines del 2014.
Aquella medida presupuestaria a favor de Milani, continúa Taiano, “fue seguida por un proceso de desjerarquización del organismo -principalmente de las áreas que respondían a los funcionarios desvinculados- y una política de sometimiento a la autoridad presidencial, que incluyó persecuciones, interrogatorios y desapoderamiento del material de trabajo”, agregó en alusión a que la oficina de Stiuso fue literalmente reventada, su equipo desarmado, y se perdieron miles de escuchas del atentado a la AMIA.
A modo de ejemplo, “durante los meses siguientes al cambio de autoridades se dispuso el retiro de aproximadamente 34 agentes de la Dirección General más vinculada a la labor de Nisman. Un mes más tarde, Nisman presentó su denuncia (sobre el Pacto con Irán) y a los pocos días fue asesinado”.
La referencia a los “interrogatorios” tiene que ver con la denuncia de Nicolás Gastón Mercado quien había sido empleado de la exSIDE desde le 2005 y denunció un apriete de antes de Parrilli para que declare contra Stiuso, en causa que investiga el juez Daniel Rafecas
Una flota de Nextel que maneja Pocino
El fin de semana que abarca el día viernes 16 y el lunes 19 de enero de 2015, “se registraron comportamientos comunicacionales inusuales cuando fueron cotejados con otros fines de semana anteriores y posteriores, en lo que la cantidad de comunicaciones, duración y captación geográfica se refiere”. Ese tráfico de comunicaciones “aumenta exponencialmente el domingo 18 de enero de 2015 durante la mañana y prácticamente se detiene en los horarios previos a la entrada al departamento de Nisman de su custodia junto con su madre”, a las 22.30 aproximadamente.
Del entrecruzamiento surgió “con especial relevancia la existencia de una flota de 64 abonados de la firma Nextel que mantuvo una elevada cantidad de comunicaciones el domingo 18 de enero, antes de que se tuviera conocimiento público de la muerte de Nisman, flota que incluía abonados telefónicos que además eran captados en las inmediaciones del complejo de Le Parc Puerto Madero”.
La flota “se verificó que pertenecía a un sector de la Agencia Federal de Inteligencia que continuó respondiendo al Poder Ejecutivo Nacional”, en alusión a Pocino.
A través de un análisis exhaustivo, “se pudo detectar que un miembro de este organismo fue captado en las cercanías del complejo en el que habitaba Diego Ángel Lagomarsino”, aunque no se pudo demostrar hasta ahora si hubo contactos entre ellos. Lagomarsino lo negó.
El rol de Parrilli y Mena
Al profundizar las medidas sobre el comportamiento de ese abonado “se logró verificar que el agente que residía en ese mismo complejo mantuvo comunicaciones el día domingo 18 de enero, con un
agente que fue captado durante la tarde en inmediaciones al domicilio de Nisman”. Se trata de un agente conocido del abogado Franco Bindi, vinculado a los servicios de inteligencia K e impulsor del Operativo Puf contra la causa de los Cuadernos de las Coimas.
En cuanto a las funciones que “realizaba este último en el organismo, la investigación logró verificar que era experto en tareas informáticas y de comunicaciones”.
Otro agente de la SIDE K “utilizando una línea de esa flota- fue comisionado al domicilio de Nisman por orden de sus superiores, el día 19 de enero de 2015, lugar desde donde brindó información in situ respecto del estado del operativo llevado adelante en el departamento del fiscal, mientras las tareas policiales se estaban desarrollando”.
Por otra parte, se comprobó “que agentes de esa misma dependencia llevaron adelante tareas de inteligencia y espionaje sobre la Fiscalía de la Dra. Fein, apersonándose en múltiples oportunidades a la puerta de la dependencia, cuando la causa aún se hallaba siendo investigada y en fechas cercanas a la realización de medidas de relevancia para esta investigación”. Por ejemplo, días en los que declararían testigos cercanos a Nisman como Stiuso. Se logró corroborar que las tareas realizadas “fueron directamente ordenadas de manera verbal por Oscar Parrilli, titular del organismo en ese entonces, a un jefe de sector”, en alusión a Pocino.
Los hackers entrerrianos de Urribarri
Otra es la pista entrerriana del espionaje a Nisman. En el informe, respecto del celular usaba Nisman “se determinó en el peritaje la existencia de un archivo denominado “Estrictamente secreto y confidencial.pdf.jar.”. Si bien aparenta ser un archivo en formato “PDF”, la extensión “JAR” es una técnica empleada para infectar teléfonos con malware, un programa malicioso que realiza acciones dañinas en un sistema informático de forma intencionada y sin el conocimiento del usuario”. Buscaba extraerle datos a Nisman.
La dirección de IP desde la cual se envió dicho malware se encontraba ubicado en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos donde trabajaban dos ex funcionarios impulsados en sus cargos por el ex gobernador Sergio Urribarri llamados Pablo Palá y Alexis Lesa. Ambos están con procesamiento firme en otra causa por espionaje ilegal sobre Stiuso y la ex mujer de Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Desde esa misma IP, se entró a la base de datos de Migraciones –sin orden judicial alguna- a las 16.14 del domingo 18 de enero de 2015 para saber si Stiuso se había ido del país. Es decir, el gobierno de Cristina sabía algo y lo oculta. El cuerpo sin vida de Nisman se encontró recién a las 22.30
Resulta relevante para la causa que “las búsquedas aludidas en el párrafo anterior fueron realizadas ddesde un usuario de la Agencia Federal de Inteligencia utilizando la misma dirección de IP que fue usada para enviar el malware indicado al celular de Nisman”, subrayó Taiano.
Las sospechas sobre Aníbal Fernández
En otra parte del informe, Taiano analiza el “incendio que se produjo pocas horas antes del homicidio de Nisman” en los equipos que registran los ingresos a la Casa de Gobierno. Luego “fue imposible recuperar y/o obtener los registros de los accesos a Casa Rosada durante los períodos en los cuales el fiscal había denunciado que se llevaron a cabo reuniones tendientes a firmar el Memorándum de Entendimiento con la República Islámica de Irán”.
Para ese entonces, “el Secretario General de Presidencia era Aníbal Fernández y una persona allegada a él era el representante en la Argentina de la firma (NEC de Argentina) que prestaba el servicio; además, un directivo de esa misma firma residía en el departamento lindero al que habitaba Nisman”, tal como denunció la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió. El empresario “compartía un espacio en común entre ambos domicilios, y que en los hechos se tradujo en la existencia de un tercer acceso al departamento del fiscal y que no fue identificado en el procedimiento inicial” de la Policía Federal, sino dos días después en otro de la Policía de la Ciudad. Aníbal F. nombró abogados en la causa.
“Mucho se habló de las pruebas que presentaría Nisman el lunes en el Congreso, y posteriormente en la causa judicial. Una prueba clave para corroborar los hechos denunciados por el fiscal era precisamente quiénes habían ingresado a la Casa Rosada. Esa prueba, trascendental, fue destruida con el incendio relatado en los párrafos que anteceden, ocurrido precisamente horas previas al homicidio de Nisman”, subrayó Taiano. Lo mismo pasó con ingresos y egresos a la residencia presidencial de Olivos.
El hackeo a Damian Pachter
El periodista Damian Pachter quien reveló la noticia de la muerte de Nisman en la noche del 18 de enero de 2015, también sufrió un hackeo de sus cuentas de correo electrónico y aportó el número de IP desde el cual se habría realizado la conexión. Su salida del país, amenazado de muerte, fue anunciada por la cuenta de Twitter de Cristina y la agencia de noticias Télam.
Cuatro días después del crimen, el canal de TV C5N mostró “imágenes captadas por cámaras de seguridad del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza en las que se visualizaba la llegada de Nisman al país el día 12 de enero de 2015”.
La investigación logró determinar que las filmaciones fueron obtenidas por un empleado de Aduana, quien al momento de ofrecer su descargo en el juicio oral donde fue condenado Gonzalo Horacio Tzareff explicó que recibió “dos pedidos por parte de la Subdirectora General de Operaciones Aduaneras Impositivas en ese momento, solicitándole que extraiga los movimientos migratorios de cuatro personas” y que se las llevó al entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
Sospechas sobre Cristina Kirchner
Por otro lado, a tan solo horas de ser encontrado sin vida, la entonces Presidente, Cristina Fernández de Kirchner, publicó desde su usuario de la red social “Facebook” una carta titulada: “AMIA. Otra vez: tragedia, confusión, mentira e interrogantes.” en la cual estableció la hipótesis del suicidio de Nisman.
Tres días más tarde, publicó una segunda carta titulada “AMIA y la denuncia del fiscal Nisman” en su página oficial “cfkargentina” donde dejaba a un lado la idea del suicidio y señalaba que a Alberto Nisman “lo habían asesinado opositores del gobierno nacional que lo habían obligado a denunciarla y, una vez realizada la denuncia, lo asesinaron, afirmando “quisieron usar vivo a Nisman y ahora lo usaran muerto”, destacó Taiano.
Pero advirtió que “ninguna de estas hipótesis fue aportada de manera oficial a las actuaciones que se encontraban en curso en la fiscalía de la Dra. Viviana Fein. La entonces Presidente continuó realizando declaraciones públicas sobre el caso y sus implicancias a través de la Cadena Nacional del día 26 de enero de 2015: anunció, entre varias medidas, disolver la SIDE y crear la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
No obstante la entonces mandataria “brindó además detalles de sucesos que estarían vinculados con la muerte de Nisman y hasta ese momento no eran conocidos por la fiscalía interviniente”, advirtió Taiano.
En su informe, el fiscal Taiano –a quien el juez Julián Ercolini le delegó la investigación de la causa- también anunció que en la causa “identificó la realización de tareas de espionaje y/o de inteligencia por parte de individuos y/o agentes -entre los que se encontraban ciudadanos argentinos- que respondían a intereses extranjeros, algunos de ellos fueron objeto de acusación en su denuncia”, en alusión al líder piquetero K Luis D’Elía y el ex jefe de Quebracho, Fernando Esteche, quienes manejaron la “diplomacia paralela” para la firma del pacto con Irán.
En definitiva “se detectó una trama de vinculaciones en las que se verificó, entre un número importante de personas, la presencia de miembros de la entonces Secretaría de Inteligencia, inteligencia del Ejército Argentino, y miembros y ex miembros de la Policía” en el espionaje ilegal realizado alrededor de Nisman y su entorno, la nueva pista en este complejo caso que producirá novedades después de la feria judicial de enero.
La causa Nisman en cifras:
-Se investigaron 70 mil comunicaciones.
– Se analizaron 100 cámaras de seguridad de las torres Le Parc y sus alrededores.
– Se tomó declaración a 68 espías de la SIDE.
– La causa tiene 126 cuerpos y 20 mil fojas