El acceso a la información pública es un derecho fundamental que permite a las personas obtener información de los organismos públicos. Es una herramienta de rendición de cuentas que fomenta la participación ciudadana.
Sin embargo, a pesar de contar con una ley nacional y leyes provinciales al respecto, esto no muchas veces no se cumple y el ciudadano queda al margen de la información que tienen o producen los tres poderes del Estado.
Aquí en Jujuy, la Ley provincial N° 5886 fue sancionada el 17 de diciembre de 2015 a través de la cual se aprobó el régimen jurídico del Derecho de Acceso a la Información Pública que resulta aplicable en el ámbito territorial de la provincia.
Se ponderó en su momento como uno de los ejes del Plan de Gobierno basados en la Transparencia, ya que tiene como principal objetivo abrir la información de los organismos públicos a todas las personas, promoviendo un sistema estatal más cercano, generando nuevos espacios para la participación y mejorando las exigencias de rendición de cuentas de la gestión pública.
Pero lo cierto es que, hoy por hoy, el acceso a la información en Jujuy es restringido.
Un derecho que se vincula estrechamente con el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno y se infiere del propio texto y espíritu de la Constitución Nacional.
Al respecto Pablo Secchi, director ejecutivo de la Fundación Poder Ciudadano sostuvo: Creemos que la herramienta de accesos a la información pública es la herramienta más fuerte que tiene el ciudadano, las organizaciones, el periodismo, específicamente para poder lograr transparencia en el uso de los recursos públicos”.
“El ejercicio del acceso a la información es una responsabilidad de la ciudadanía de los periodista, de las organizaciones, pero por supuesto tiene que haber una práctica de respuesta por parte tanto de los ejecutivos , los legislativos y los poderes judiciales, que también hay muchas diferencias entre ellos sobre cómo responden los pedidos”, sostuvo.
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En ese sentido advirtió que la fundación presentó un informe a nivel nacional mostrando como viene bajando el nivel de respuesta del gobierno nacional en materia de acceso a la información pública.
“Es un derecho de la ciudadanía y la información no es propia de los ministros”, aclaró
En ese sentido, dijo que “la justicia puede actuar ante una demanda interpuesta por falta de acceso a la información pública. Nosotros tenemos muchas demandas contra el Estado por materia de acceso a la información pública. Se presenta un amparo para acceder a esa información, ahí el fiscal va a dar su opinión desde la procuración y un juez va a decidir si esa información se debe entregar o no”
Y agregó: “Cuando alguien se sienta en el poder y dice yo no entrego la información hay que volver al camino largo que llega a la justicia y ahí nos metemos en otro tema, la lentitud de la justicia. Si no se cumple con la Ley de Acceso a la Información pública hay un delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
“El primer camino es presentar un amparo y después trabajar mucho”, finalizó.
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