ROSARIO. No hay muchos misterios: el avión boliviano encontrado por el propietario de un campo cerca de la localidad entrerriana de La Paz regresaba a Santa Cruz de la Sierra casi vacía, después de dejar en suelo argentino la cocaína que había traído. El dueño del Cessna 206, matrícula CP-846, es el piloto boliviano Kevin Roca Alpire, de 63 años. Los investigadores de la Policía de Entre Ríos están tratando de determinar ahora si las huellas halladas en la aeronave corresponden a este hombre, que cuenta con antecedentes de narcotráfico de cocaína.
El nombre de Kevin Roca Alpire tuvo trascendencia en Bolivia hace más de una década al protagonizar un accidente aéreo con la aerolínea Aerocon, de Beni, en la frontera con Brasil, donde murieron ocho personas. Este piloto boliviano figura en los registros oficiales de aquel país como propietario y comandante del monomotor abandonado en un campo del noroeste entrerriano.
En enero pasado fue secuestrado otro avión, un Cessna 210, pero esta vez en Ibicuy, en el sur de la provincia mesopotámica; tenía un cargamento de 359 kilos de cocaína. Se presume que esta aeronave había salido desde la zona de Beni, en Bolivia, y recorrió unos 1600 kilómetros hasta aterrizar de emergencia en la zona de islas del delta entrerriano. La policía provincial detuvo a un piloto brasileño y a una mujer que lo acompañaba, Jade Isabela Callaú Barriga, que fue reina de belleza en Bolivia y tiene un lazo de parentesco con el narco boliviano Jorge Adalid Granier, preso en el penal de Ezeiza y socio de un jefe narco rosarino, Fabián “Calavera” Pelozo.
El nuevo hallazgo de esta avioneta narco cerca de La Paz enciende alertas sobre las rutas nuevas que están ganando espacio en el aire, que tienen que ver con una triangulación entre Bolivia, Paraguay y la Argentina. El objetivo del traslado de estas cargas no tendría que ver con el consumo interno en las principales ciudades del centro del país, como Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, sino con ubicarlas en embarques que tienen como destino países de Europa, Asia y Oceanía, donde la droga adquiere un valor mucho mayor.
Fuentes del Ministerio de Seguridad de Entre Ríos confirmaron a LA NACION que tienen identificado al dueño de la avioneta, que es un piloto boliviano de larga trayectoria y con supuestos lazos con el narcotráfico. Los peritos están tratando de establecer si las diez huellas detectadas en la aeronave secuestrada pertenecen a este hombre, que podría haber sido quien piloteó la aeronave en el espacio aéreo argentino. Si logran confirmar estos datos se cursará un pedido de detención de Interpol, advirtieron las fuentes.
El hallazgo de la aeronave se produjo en San Gustavo, en el departamento La Paz. “Cuando el personal policial, después del aviso del dueño del campo, revisó la aeronave no encontró sustancias estupefacientes. Solo había tanques con combustible. Pero el olfato de los perros especializados marcaron lo que se conoce como ‘olor muerto’ de cocaína”, explicaron los investigadores consultados.
“Evidentemente, la cocaína que llevaba el avión fue descargada y cuando el piloto regresaba a su país tuvo un desperfecto técnico y tuvo que abandonar la aeronave”, afirmaron las fuentes consultadas. La investigación del caso quedó a cargo del juez federal de Paraná, Leandro Ríos.
Después de que se secuestrara el avión, agentes de la policía de Entre Ríos realizaron por la zona una búsqueda del piloto con cámaras térmicas y perros, pero no tuvieron resultado positivo. El piloto huyó después de que la avioneta aterrizara por falta de combustible. Tenía un problema en uno de los tanques. Cuando abandonó la Cessna 206 olvidó unas cajas de alfajores Havanna y paquetes de sal marina y unos vinos de la bodega Catena Zapata.
Logística variable
Lo que marca este hecho, con otra avioneta como flete de carga, es que el transporte de la cocaína cambia de manera casi permanente. Desde hace unos años, a partir de la pandemia, según los especialistas consultados, se consolidó una ruta aérea de la cocaína que es una especie de triángulo: Bolivia, Paraguay y Argentina.
En la zona de Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra y Beni, en Bolivia, se produce la pasta base y luego la cocaína, que se envía al Chaco paraguayo, una región poco habitada e inhóspita en Paraguay donde se consolidan los cargamentos que aterrizan en pistas clandestinas, según el investigador de la Universidad de Asunción Carlos Pires.
Luego, a través de la Hidrovía o por avionetas, las cargas de cocaína llegan a la Argentina, fundamentalmente a Rosario y Buenos Aires, y a Uruguay, donde son camufladas para salir rumbo a Europa o Asia, donde el valor de la droga es más de diez veces mayor.
Lo que observan desde hace tiempo los investigadores de Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) es que los vuelos se realizan en el límite entre Argentina y Uruguay sobrevolando las inmediaciones del río que marca la frontera entre ambos países. La sospecha es que en esa zona es más difícil una intervención aérea cuando las aeronaves narcos vuelan por momentos en cielo argentino y por otros en el uruguayo.
Los investigadores evalúan si esta avioneta hizo un viaje similar al Cessna 210 que aterrizó de emergencia en Ibicuy con 359 kilos de cocaína, en enero pasado. En ese momento, Néstor Roncaglia, ministro de Seguridad de Entre Ríos y exjefe de la Policía Federal, señaló a LA NACION que la trayectoria de vuelo de la avioneta da indicios de que se dirigía hacia la provincia de Buenos Aires. Allí está muy cerca el puerto de Zárate-Campana.
Contactos internacionales
El análisis de los investigadores de la Procunar es que uno de los que tiene influencia desde hace por lo menos tres años en esa ruta es el boliviano Adalid Granier. Aunque a fines de enero fue condenado en Salta a diez años de prisión por narcotráfico, su nombre aparece como una sombra ante cada avioneta secuestrada, porque era uno de los que manejaba la logística a través de esa vía en la zona.
El problema que enfrenta la Justicia argentina ante este tipo de hechos es la reticencia que tiene Bolivia a colaborar. La Justicia boliviana es indiferente a todos los pedidos que se hacen desde la Argentina. Por caso, jamás avalaron una extradición de un narco de ese país a la Argentina. Con Paraguay hay mejor vínculo, pero muchas sospechas de la penetración del narcotráfico a nivel institucional.
Los vuelos narcos provenientes de Bolivia y de Paraguay llegan cada vez más cerca del centro del país. Eso es algo que antes no ocurría. Los llamados “bombardeos” de droga eran el método más usado en el norte de la Argentina, a pocos kilómetros de la frontera con Bolivia, cuando no había intermediación de Paraguay. Salta y Santiago del Estero eran las provincias donde más se daba esta metodología, que consiste en que la avioneta “pierde” altura para arrojar los bultos con la droga en puntos fijados con GPS. En las inmediaciones generalmente hay cómplices que en pocos minutos se llevan el cargamento.
Ahora las avionetas hacen recorridos más largos. Por ese motivo se incorporaron más radares para tener un mejor control aéreo, como el que se puso en funcionamiento el año pasado en Tostado, norte de Santa Fe. La vigilancia de los cielos la lleva adelante el Comando Conjunto Aeroespacial para hacer que el tráfico aéreo que circula en la Argentina respete la normativa vigente. De lo contrario se transforma en un TAI: tránsito aéreo irregular. Como ya ocurrió en varias ocasiones, los cazas de la Fuerza Aérea pueden interceptar a las aeronaves sospechosas e instarlas a aterrizar.
La Argentina nunca sancionó una ley de derribos de aeronaves en tránsito ilegal, tal como sí lo hicieron otros países de la región, como Brasil.
A fines de octubre pasado, otro Cessna 206 aterrizó cerca de Pueblo Andino, a unos 35 kilómetros de Rosario. Según la ministra Patricia Bullrich, los radares habían detectado ese vuelo ilegal y la aeronave fue obligada a descender por dos cazas de la Fuerza Aérea. El piloto Oscar Armando Caba Hurtado, que era comandante de la Fuerza Aérea boliviana, logró huir hasta que fue detenido cuando intentaba cruzar el río Carcarañá. En el Cessna 206 llevaba 475 kilos de cocaína, lo que da una idea, además, de cuánto pudo haber cargado el avión abandonado días atrás en el norte entrerriano.
La sospecha es que aquella droga pertenecía a Granier y Pelozzo, que montaron en Ibarlucea una especie de hub narco para la exportación. Este grupo se dedica a la logística, una tarea que, dentro del negocio del contrabando internacional de droga, es una de las mejores pagas.
Granier tiene estrechos contactos con el grupo criminal brasileño Primeiro Comando Capital (PCC). Granier fue detenido a finales de marzo de 2023 en un control de tránsito en la pequeña localidad de Jaraguari, en el estado de Mato Grosso do Sul. Se movía con identidad falsa. Un mes antes había sido procesado por el juez federal de Salta Julio Leonardo Bavio, quien lo acusaba de ser “organizador de transporte de estupefacientes agravado por el número de personas intervinientes”, por un cargamento de 389 kilos de cocaína interceptado en septiembre de 2020.
Este hombre supo alojar en su departamento de la calle Rodríguez Peña 1057, en el barrio porteño de Recoleta, a uno de los líderes más poderosos de la organización brasileña: Gilberto Aparecido Dos Santos, alias Fuminho, que fue detenido por la DEA y la Policía Federal de Brasil en Mozambique al inicio de la pandemia, en 2020.
Zona desprotegida
En la zona del delta del Paraná el tráfico aéreo ilegal es incesante. La escasa población que habita en esa zona hace complejas las investigaciones. No hay testigos, ni cámaras ni señal de celular. En medio de la pandemia ocurrió otro hecho extraño en esa región. El 20 abril de 2020, cuando Rosario estaba desierto por las restricciones para circular, en la isla frente a la ciudad, una avioneta hizo un vuelo rasante y arrojó una bolsa gigante de plástico blanca y verde. Al otro día, un baqueano, en medio de la desolada isla El Chaparro, encontró el bulto, que guardaba 29 panes de cocaína que tenían una marca particular: PCU.
Nadie le dio relevancia a esa sigla “desconocida”, que apareció en ese lugar inhóspito, donde no había testigos, ni ningún sospechoso. Tampoco se investigó con profundidad el “bombardeo de cocaína” en medio de la fragilidad y desconcierto que imponía un país paralizado, en el que la justicia funcionaba también por zoom.
El 18 de julio pasado, más de cuatro años después, el periodista Kevin Sieff, del Washington Post, publicó una extensa historia sobre el narco uruguayo Sebastián Marset en el que aparecía esa fotografía que había sacado con su celular un agente de la comisaría Nº1 que se encuentra en el arroyo Charigue, en jurisdicción de Victoria. La publicación del periodista norteamericano se centró en Marset, que se autoadjudicaba ser el líder de PCU.
Marset es un narco con aires de magnate que tiene gustos estrafalarios; actualmente está prófugo, y enfrenta pedido de captura de cinco países. La esposa de este hombre de 32 años, fue detenida en agosto pasado en el aeropuerto de Barajas, Madrid.
La metodología que usaron los pilotos fue el llamado “bombardeo” de droga, pero algo salió mal. Los investigadores no lograron determinar qué había detrás de esta operación. Verificaron si en Paraguay había información que pudiera servir para determinar si Marset estaba detrás de este vuelo, pero no pudieron avanzar en esa línea.
La droga se hace visible de forma misteriosa, como ocurrió en este caso, cuando algo falla, por un error de los narcos, como ocurrió en Ibicuy y en La Paz. Eso explica muchos secuestros que parecen casuales, como este caso, y marcan el inicio de expedientes judiciales que enfrentan dificultades para enderezar una investigación que logre avanzar hacia los dueños de los cargamentos. Por ese motivo los narcos eligen, para su logística de tráfico, este tipo de territorios desolados donde no hay cámaras ni testigos que puedan aportar información.
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