“Se pretende crear más puestos de funcionarios, sin transparentar las designaciones ni los criterios de elección. Esto pone en riesgo los fondos públicos y consolida un modelo de empresa estatal sin control”, advirtió el diputado Gastón Remy.
Embed – Cuenta de inversión: diputado cuestionó la falta de información sobre el manejo de fondos
Por su parte, la diputada Patricia Armella dijo que: “esta decisión obedece a la poca información que tenemos con respecto a los recursos específicos que maneja la Compañía de Seguros, entendemos que cuando se creó esta ley en el año 2022, uno de los fundamentos del oficialismo decía que iba a haber un ahorro de 12 millones mensuales. Y nosotros sacamos cuenta y estamos hablando de unos 348 millones en lo que va de estos tres años. Sumando el aporte obligatorio de todos los empleados públicos, de los tres poderes y también de los municipios, nosotros no tenemos esa información”.
Embed – Cuestionamientos a la creación de nuevos cargos en la Compañía de Seguros de Jujuy
El ex juez federal y referente del espacio político Confiar, René Vicente Casas, también apuntó contra la compañía y habló de una falta de información cabal.
“Sería obligación del gobierno informar porque un seguro que estaba administrado por el instituto de seguro de Jujuy lo pasan a ser un organismo autárquico”.
“El organismo autárquico es creado por ley, en este caso por la legislatura. Tiene la facultad de dictarse su propia reglamentación y cuenta con recursos propios”.
“El gobierno radical desde 2015 no brinda ninguna información”.
“¿Porque se crea un seguro hace 4 o 5 años? Un seguro compulsivo. Evidentemente para sacar algún dinero de los sueldos de los empleados, quizá de las jubilaciones también, con la promesa ese seguro de brindar alguna asistencia en algún momento”
“No sabemos qué ha pasado estos años desde la creación de ese seguro que no debió haberse hecho. Si yo particular tengo interés de hacer algún seguro voy y lo contrato”
“Aquí no hay cosa pública, sino más bien reservada”.
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La compañía ya fue sancionada por la Superintendencia de Seguros de la Nación por no presentar a tiempo los estados contables, lo que derivó en una inhibición de bienes, un hecho grave que pone en duda la seriedad de su gestión financiera. Pero la polémica no queda allí, se denunció que antes de ser constituida legalmente, la empresa comenzó a operar en el territorio ofreciendo servicios a municipios sin aval legal y presionando a empleados estatales a suscribirse obligatoriamente, violando la normativa vigente y generando un clima de coerción.