En un fallo que ya se inscribe entre los más trascendentes de la historia judicial argentina, la Corte Suprema de Justicia confirmó este martes la condena contra Cristina Fernández de Kirchner por corrupción en la causa Vialidad, ordenando además la restitución de una suma extraordinaria al Estado Nacional: más de 84.000 millones de pesos deberán ser devueltos como parte del perjuicio ocasionado por la red de maniobras fraudulentas ejecutadas durante su presidencia.
El máximo tribunal del país —integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— rechazó por unanimidad los recursos de la defensa de la exmandataria y de otros ocho condenados, entre ellos el empresario Lázaro Báez, y dejó firme la condena dictada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N.º 2, ratificada posteriormente por la Cámara Federal de Casación Penal.
| La Derecha Diario
Se trata de la primera condena con cumplimiento efectivo contra un expresidente argentino en democracia por hechos de corrupción, lo que significa un golpe jurídico, político y económico de enorme magnitud para Cristina Kirchner, quien además fue inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos.
El eje central del fallo es el decomiso de 84 mil millones de pesos, cifra que, según la Justicia, representa el daño concreto causado a las finanzas públicas mediante la adjudicación sistemática y direccionada de contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz a empresas controladas por Báez, en el marco de un esquema de corrupción montado desde el poder político.
Según el fallo, Cristina Kirchner fue coautora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada. La Corte confirmó que, durante sus mandatos, se dictaron actos administrativos y decretos presidenciales diseñados para facilitar el desvío de fondos públicos. Uno de los instrumentos clave fue el Decreto PEN N.º 54/2009, que alteró el manejo del fideicomiso vial y permitió la adjudicación directa de obras multimillonarias, sin los controles debidos.
| La Derecha Diario
“El diseño institucional fue manipulado para canalizar fondos hacia empresas vinculadas al poder político. Las irregularidades eran visibles y sistemáticas”, señala el fallo, que sostiene que los pagos anticipados, las licitaciones amañadas y las obras inconclusas formaban parte de un patrón premeditado de vaciamiento del Estado.
El decomiso alcanza también a los demás condenados y podrá hacerse efectivo mediante el embargo y posterior liquidación de bienes, activos y cuentas asociadas. La decisión sienta jurisprudencia sobre el alcance patrimonial de las penas por corrupción, incorporando un componente reparador que hasta ahora era prácticamente inexplorado en el país.
Desde el punto de vista político, la condena sepulta definitivamente las aspiraciones electorales de Cristina Kirchner, que, a sus 71 años, sólo podría aspirar a cumplir su pena bajo arresto domiciliario. La inhabilitación perpetua confirma que, al menos por vía judicial, ha concluido su ciclo como figura institucional del país.
El fallo también reafirma la validez de todo el proceso, descartando cualquier afectación al derecho de defensa o arbitrariedad. “La sentencia se basa en pruebas contundentes y en el respeto absoluto del debido proceso”, concluye la Corte, desmontando el discurso de persecución política que la exmandataria ha sostenido de forma reiterada.