El «club de la obra pública» está en la mira
La familia Chediak acumula contratos estatales desde 1947, dominando licitaciones de rutas nacionales, provinciales, gasoductos y plantas de procesamiento. Según el balance presentado por la empresa en el año 2023, la firma declaró $111.568.606.249, consolidándose como un gigante del sector. Su vinculación con el caso de los cuadernos de López fue cuando el ya fallecido Juan Chediak declaró ante el juez Claudio Bonadio: «Si querés seguir trabajando, tenés que pagar», haciendo referencia a supuestas extorsiones recibidas de Julio De Vido. Y luego, en la misma causa respecto a López, directamente incriminó a Cristina: «Cristina comenzó a apoyarse en [José] López. El triángulo empezaba a ser Cristina, López, Clarens».
La deuda que ya está prescripta
El municipio reconoció deudas de 2015-2016 que, conforme al Art. 2560 del Código Civil y Comercial, y utilizando plazo máximo, se encontrarían prescriptas, ya que superan el plazo legal de 5 años. Una deuda prescripta significa que ha transcurrido el plazo establecido por la ley para que el acreedor pueda legalmente reclamar su pago. En otras palabras, el acreedor (Chediak) ha perdido el derecho de exigir judicialmente el cobro de la deuda. Asimismo, en el expediente administrativo no se advierte que exista una instancia judicial del reclamo de la deuda. Al respecto, la subsecretaria de Legal y Técnica del municipio, en su informe, no advierte ni menciona nada de esto, sino que concluye y dice: “…esta asesoría no tiene óbice legal alguno que objetar y estar el mismo ajustado a derecho…”.
Es válido aclarar que las deudas prescriptas nadie las paga. Entonces, la contradicción es evidente: mientras Moreno sufre un ajuste presupuestario extremo (la intendenta difundió videos alertando sobre la «difícil situación» y denunció el envío de «$0» desde Nación), se prioriza cancelar una obligación jurídicamente inexistente a un grupo empresarial multimillonario.
Qué hay detrás de impulsar el pago a empresarios que incriminaron a la ex presidenta mientras se recortan servicios a vecinos
Este caso expone una contradicción inherente al capitalismo periférico: la burguesía parasitaria (como los Chediak) acumula riqueza mediante el Estado, mientras el gobierno municipal opera como su cobrador. En ese sentido, no hay distinción; la intendencia kirchnerista, al pagar a un empresario que incriminó a Cristina Kirchner, revela su función real: ser guardián de los intereses de la clase dominante y garantizar la reproducción del capital, incluso contra sus propios discursos. Quienes se presentan como antagónicos al poder económico reproducen su lógica cuando el Estado transfiere recursos públicos a la clase dominante. El municipio de Moreno no quiere pagar a los trabajadores municipales sueldos dignos, pero sí a un burgués cuyo testimonio dañó al kirchnerismo. Así, el «Kirchnerismo» gestiona la contradicción fundamental: administrar un sistema que dice combatir, mientras le quita a la clase obrera para pagar a los mismos capitalistas que los extorsionan.
Por eso, el Frente de Izquierda Unidad es la única alternativa anticapitalista y consecuente que pelea por los intereses del pueblo trabajador.