Los jueces de la Corte de Apelación del Segundo Circuito de Nueva York suspendieron este martes y por «tiempo indeterminado» la entrega del 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) a los fondos buitre que ganaron 16.099 millones de dólares en el juicio que se sustancia en ese país por la expropiación de la petrolera ocurrida en el año 2012.
Con esta decisión, la Cámara de Apelaciones de Nueva York, se puso un freno a la embestida judicial que inició la jueza Loretta Preska contra el país, que incluía un ultimátum de 72 horas para hacer efectiva su orden de transferir a los fondos buitre a los que su fallo benefició las acciones de la compañía.
YPF
Según indicaron fuentes vinculadas al caso, «en principio» la decisión de la Corte de Apelaciones es «por tiempo indeterminado» y hasta que un nuevo plazo sea fijado por un tribunal, que deberá será convocado especialmente en este caso.
Pero al mismo tiempo, dejó de correr el ultimátum de 72 horas lanzado por la jueza de primera instancia Loretta Preska para entregar el 51% de las acciones de YPF bajo la amenaza de dictar ala Argentina en situación de desacato y habilitar posibles embargos de activos del país en distintas partes del mundo.
Ahora, el próximo paso en esta disputa judicial quedará una vez más en manos de la Cámara de Apelaciones cuando tenga que evaluar la apelación presentada por los abogados que forman parte de la defensa de la Argentina, que se tramita en paralelo a la ejecución de la sentencia de la jueza Preska a favor de los fondos buitres.
En los mercados esta decisión se lee como una «gran victoria» temporal del país, que resta riesgo financiero y da certidumbre a la largo plazo para la petrolera y sus proyectos en Vaca Muerta y con el GNL.
YPF: el fallo de la Cámara de Apelaciones
El fallo de la Cámara de Apelaciones, firmado por Catherine O’Hagan Wolfe, secretaria del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos señala:
Loretta Preska
La jueza Loretta Preska
«En cada una de las apelaciones mencionadas anteriormente, la parte apelante solicita una suspensión (stay) mientras se resuelve la apelación contra la Orden de Transferencia emitida por el Tribunal de Distrito con fecha 30 de junio de 2025, y solicita también una suspensión administrativa en el ínterin.
Los apelados han indicado que se oponen a la solicitud de suspensión durante el proceso de apelación, pero no se oponen a la implementación de una suspensión administrativa temporal que permita una presentación ordenada de los escritos y la consideración del pedido de suspensión.
POR LA PRESENTE SE ORDENA que el Tribunal concede una suspensión administrativa temporal de la Orden de Transferencia del Tribunal de Distrito, en espera de la resolución de la moción de suspensión por parte de un panel de tres jueces.
Los apelados deberán presentar su oposición a la moción antes del 17 de julio de 2025, y la parte apelante deberá presentar su réplica antes del 22 de julio de 2025.
La moción de suspensión será sometida a la próxima sala disponible de jueces una vez vencidos esos plazos».
Cómo sigue el caso YPF
El próximo paso también quedará en manos de la Cámara de Apelaciones y será evaluar la apelación presentada por los abogados defendores de la Argentina, que se tramita en paralelo a la ejecución de la sentencia de Preska a favor de los fondos buitres.
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Los camaristas deberán dar una respuesta definitiva al juicio: ratifican todo lo actuado por la magistrada, modifican parcialmente el fallo o lo revocan.
Se fijaron distintos plazos: por un lado los apelados (los fondos) deben presentar su oposición al pedido de suspensión antes del 17 de julio. Mientras que la apelante (Argentina) debe presentar su réplica antes del 22 de julio de 2025.
YPF: qué argumentó Argentina
Entre sus argumentos centrales, los abogados del país sostienen que la orden de Preska viola el derecho federal norteamericano, así como la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional.
También mencionan la Declaración de Interés del Departamento de Justicia de Estados Unidos, considerada como un respaldo institucional al país durante la administración de Joe Biden y Donald Trump.
Por último, la apelación advierte sobre un posible “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial” por parte del tribunal que emitió la condena.
Fuentes vinculadas al caso no descartan una inminente declaración pública de Trump sobre este caso a favor del país.
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