La Justicia jujeña se encuentra investigando el destino de más de 500 millones de pesos que debieron ingresar a las arcas de la provincia, debido a multas y actas contravencionales, justamente libradas por parte del Juzgado Contravencional Nº 1.
En este sentido, vale aclarar, existen dos tipos de acusaciones formales para los involucrados.
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Foto: Matías Ustarez.
Por un lado, el juez Matías Ustarez Carrillo se encuentra imputado por el delito de “incumplimiento a los deberes del funcionario público”, debido a la falta de control, entiende la Justicia, de los hechos que se llevaban adelante en su juzgado.
Y por otro lado, existen otras personas entre empleados de dicho juzgado y ajenos al mismo, siendo investigados por los delitos de “asociación ilícita, impedimento o estorbo al acto funcional, defraudación por sustitución, ocultación o mutilación de proceso, expediente documento u otro papel importante en concurso real».
Esta investigación dio inicio hace menos de un año, cuando por la apertura de un teléfono celular por una causa completamente ajena a esta, se encontraron mensajes que daban cuenta de la actividad de “coimas” y defraudación que involucraba a personal del Juzgado Contravencional Nº 1.
En aquella ocasión, se dispuso la imputación de seis personas por diferentes participaciones en estos episodios de corrupción, avanzando la causa hasta ahora llegar a la acusación formal del titular de este juzgado, quien terminó renunciando a su cargo.
Igualmente, fuentes cercanas a la causa no descartan que con los resultados de las pericias y las declaraciones de los imputados, la situación del Ustarez se complique y se compruebe que su implicancia en este caso, sea aún mayor.
En referencia a esta situación, la abogada Alejandra Cejas recordó en su visita a Sobremesa que «en el 2023 iniciados los conflictos por la Reforma Constitucional, lo primero que hacía el gobierno de Morales era mandar a la policía a armar causas contravencionales, con juicios millonarios», agregando que «los Juzgados Contravencionales iniciaron en el 2016 con el gobierno de Gerardo Morales. Y ahora funcionan como fuentes de recaudación para no se quién, porque nunca pudimos ver las rendiciones de cuentas de los contravencionales. Se recaudan millones y no se ven impactados ni en rentas generales, ni en el presupuesto”.
Además, sostuvo que desde su óptica, no es coherente que en el marco de una misma investigación, se lleven adelante dos causas, ya que entiende que la defraudación al estado, fue algo que involucra a todas las partes. “Si hay defraudación, hay defraudación y entran todos. Aquí buscan deslindar responsabilidades, porque quieren salvar a algunos al parecer», acusó la abogada.
Embed – SOBREMESA 14-07-25Dra. Alejandra Cejas