El directorio de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) intimó judicialmente al vocero presidencial, Manuel Adorni, por considerarlo responsable de calumnias e injurias.
La medida responde a declaraciones formuladas por el portavoz durante la habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, realizada el viernes 18 de julio, en la que Adorni aseguró que “la entidad cobraba derechos de autor de forma abusiva y que los fondos quedaban en manos de quienes controlaban la entidad”.
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Desde SADAIC calificaron las afirmaciones como «falsas, infundadas y gravemente difamatorias», y enviaron una carta documento exigiendo una retractación pública en un plazo de cinco días hábiles, bajo apercibimiento de iniciar acciones penales y civiles por los delitos de calumnias (art. 109 CP), injurias (art. 110 CP) y por la falsa imputación del delito de administración fraudulenta (art. 173 inc. 7 CP).
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El documento fue firmado por los integrantes del Directorio, entre ellos Patricia Sosa, Facundo Saravia, Paz Martínez y Víctor Yunes, quienes manifestaron su preocupación por el impacto que los dichos del funcionario tienen en la imagen pública de la entidad, tanto en el plano nacional como internacional.
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“SADAIC somos nosotros, los Autores y Compositores Argentinos. La Música tiene valor y tiene dueño”, señalaron a través de un comunicado. Aseguraron además que su actividad se rige por la Ley 17.648 y por mecanismos de transparencia y control auditados regularmente.
El conflicto se inscribe en una disputa más amplia entre el Gobierno de Javier Milei y las entidades que gestionan derechos de autor, que comenzó con la promulgación del Decreto 765/24. La norma excluyó del pago de derechos a las reproducciones de obras en “ámbitos privados”, afectando directamente los ingresos de autores, músicos, compositores y cineastas.
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Más tarde, el Decreto 138/25 profundizó el conflicto al debilitar la posición de las entidades colectivas, obligando a los autores a negociar individualmente sus derechos frente a grandes corporaciones. Desde SADAIC señalaron que este modelo “desprotege a los creadores y concentra aún más el poder en las plataformas y multinacionales”.
SADAIC insiste en que los eventos públicos y privados donde se reproduzca música deben pagar el canon correspondiente, en defensa del derecho constitucional de propiedad intelectual. Denuncian que muchos organizadores continúan utilizando repertorio sin abonar lo establecido, amparados en un marco normativo que —según afirman— “debilita al autor y legitima el uso gratuito”.
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En ese marco, las declaraciones de Adorni no solo tensaron aún más la relación, sino que podrían abrir un frente judicial que trascienda lo simbólico. Para los artistas, el pronunciamiento del vocero no es solo una opinión: implica una acusación directa de corrupción, formulada desde el estrado oficial del Poder Ejecutivo.
El Gobierno aún no respondió formalmente a la intimación.
DCQ