La situación se repitió durante varios días, creciendo la tensión porque los efectivos decidieron armar un cordón y los residentes del lugar que llegaron a encadenarse.
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El conflicto llegó al ámbito judicial, teniendo en cuenta que se decidió realizar un recurso de inconstitucionalidad al rechazo del Habeas corpus previamente presentado.
Y además, atravesó el arco político:
- «No son tierras fiscales, no las puede vender el Estado», expresó la concejal electa por La Libertad Avanza, Mónica Alaníz
- «El Estado actúa como usurpador», remarcó la concejal justicialista Anahí Juárez
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Pese a las expresiones públicas de los legisladores locales, este martes la familia damnificada junto a sus representantes legales acudieron al Concejo Deliberante a pedir que tomen intervención y medien en busca de soluciones definitivas.
Silvana Llanes, abogada: “Hemos presentado el caso en el Concejo Deliberante, lo que es de suma preocupación que debería interesarnos a todos los vecinos de Perico. Agradecemos al Concejo que se tomen el tiempo de escuchar a los vecinos y llenarse de toda la información que uno le pueda brindar para que vean qué pueden hacer y cómo pueden ayudar a la familia, toda vez que esto tiene injerencia en Perico y en los vecinos de Perico. Hemos sido recibidos, hemos planteado el problema, se les ha notificado y se les ha informado respecto de la violencia institucional con la que viene sufriendo la familia de Griselda Ibáñez porque no es común que tenga varios policías amedrentando todo el tiempo, teniendo en cuenta que hay menores, menores de edad. Se planteó que tampoco hay voluntad de diálogo por parte del Estado Provincial más allá de que reiteramos, la familia de Griselda Ibáñez ya es la quinta generación que viven hace más de 100 años en esa finca tienen su trabajo, tienen su residencia habitual, ellos residen ahí de manera pública, pacífica, ininterrumpida hace más de 100 años”.
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Griselda Ibáñez, damnificada: “Estoy asustada, tengo mucho miedo, miedo por mis hijos, miedo por las personas también que fueron imputadas. Me están acompañando igual en cada momento porque no vamos a dejar de resistir, no van a dejar de acompañarme. Hay un patrullero cerca de mi casa, vivo con la policía prácticamente. Está ese temor y mi nene está muy asustado al ver todo el tiempo a la policía”.
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Alejandra Cejas, abogada: “Ya nos notificaron, hemos tomado participación en la causa principal, en la civil, que nosotros no teníamos participación, ya nos han notificado que se suspenden todos los plazos desde el día 29 de julio, así que no tendría que haber motivo hoy para que haya amenazas ciertas y que generen el temor que han generado desde mediados de junio. También le hemos manifestado a los concejales que están pasando cosas que no se pueden permitir, los vecinos y vecinas del Pongo son vecinos de Perico ye l Concejo Deliberante tiene que tomar cartas en el asunto, se han ofrecido a ayudar esperemos que sea así. No es normal que vengan policías encapuchados a amedrentar y Griselda tiene razón porque imputaron a su niño, algo que no es legal”.
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