Según la nota enviada a las comisiones legislativas (Obras y Servicios Públicos, Economía, Asuntos Institucionales, Derechos Humanos, Legislación General y Pueblos Indígenas), el objetivo es que el Estado provincial recupere la titularidad original del servicio público de energía eléctrica. CODEDUC argumenta que esta medida no solo significaría un alivio económico para los usuarios, que enfrentan una de las tarifas más altas del país, sino que también solucionaría «graves irregularidades e ilegalidades» que han afectado los derechos de los consumidores durante años.
La asociación destaca la incompatibilidad moral y legal de que el Estado, a través de sus funcionarios y organismos como la SUSEPU, sea socio o exsocio de una empresa a la que, por ley, debe controlar, regular y sancionar.
Para esclarecer esta situación, CODEDUC ha solicitado que la Legislatura cite a varios funcionarios para que brinden «explicaciones ciertas, claras y detalladas». Entre los citados se encuentran:
- El titular de la Secretaría de Energía de Jujuy, Mario Pizarro.
- Funcionarios de la SUSEPU (Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones).
- El Director Provincial de Sociedades Comerciales.
- El objetivo es que estos funcionarios informen a los diputados, a los ciudadanos y a las asociaciones de consumidores sobre la situación del Estado como socio de EJESA desde 2023 hasta la actualidad.
Buscando el apoyo de sindicatos y gremios
En una estrategia para amplificar su reclamo, CODEDUC también ha anunciado que está presentando notas a sindicatos y gremios para que se unan y apoyen la iniciativa ante la Legislatura. La asociación busca el respaldo de los trabajadores jujeños, a quienes considera usuarios y consumidores del servicio público de energía, para fortalecer su pedido de cambio en la gestión eléctrica de la provincia.