Denuncian oscuro entramado entre el gobierno jujeño, las empresas estatales y los organismos de control

En la última sesión ordinaria de la Legislatura, el diputado Gastón Remy denunció que la cuenta de inversión provincial de 2023 reveló una grave anomalía: el Tesoro de Jujuy transfirió 5,500 millones de pesos a empresas estatales como Cauchari, Xuma, y Cannava, pero los ingresos de esas mismas empresas figuraban como cero.

Argumentó que este hecho era alarmante y cuestionó el rol de la Auditoría General de la provincia. Señaló que los auditores, a pesar de su experiencia y altos sueldos, no habían alertado sobre la falta de información, lo que sugería una connivencia.

El diputado Luna, en representación del oficialismo, defendió al gobierno argumentando que la información de las empresas se encontraba en sus propios balances y no en la cuenta de inversión provincial. Dijo que, al ser sociedades comerciales, presentaban sus informes al Consejo Profesional de Ciencias Económicas y a la AFIP, y que la Auditoría las controlaba por separado.

Posteriormente, en el programa Sobremesa, Remy refutó esta versión, afirmando que el gobierno utilizaba figuras legales como las sociedades anónimas unipersonales para evitar la fiscalización pública. Además, criticó que la Auditoría, a la que llamó un «decorado», estuviera cooptada por funcionarios designados «a dedo» que ganaban sueldos altísimos para «mirar para el otro lado».

Un sistema de «dos cajas»

El diputado de la oposición describió un sistema en el que el gobierno provincial manejaba dos «cajas»:

• La del superávit: Acumulado a expensas del esfuerzo de los trabajadores estatales.

• La de las empresas estatales: Que, según él, no rendían cuentas y manejaban una enorme cantidad de dinero.

Mencionó que, mientras tanto, se le exigía a la población seguir pagando impuestos para solventar estas estructuras, mientras el gobierno ya planeaba la venta de estas empresas creadas con deuda pública.

Finalmente, Remy hizo un llamado a la acción, instando a los trabajadores y a la población a organizarse para un control ciudadano que garantice la transparencia y que los recursos de la provincia se utilicen para beneficiar a la mayoría y no a unos pocos.