La Casa Rosada analiza reformar la estructura administrativa de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el organismo involucrado en la causa que surgió tras los audios de su exdirector ejecutivo, Diego Spagnuolo, donde se describe un supuesto esquema de sobornos junto a la droguería Suizo Argentina.
«Estamos estudiando la viabilidad de que deje de ser un organismo descentralizado y que el Ministerio de Salud pase a tener una mayor responsabilidad sobre ella», confirmaron desde la cúpula presidencial. La idea habría ganado impulso en los últimos días.
El Gobierno analiza reformas en ANDIS, tras las presuntas coimas
La ANDIS se constituyó en 2017 durante la gestión de Mauricio Macri a través del Decreto 698/2017, que le otorgó el estatus de organismo descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y la potestad de gestionar sus licitaciones. Bajo este mismo modelo funcionan la ANMAT y el Instituto Nacional del Cáncer.
Según el portal oficial Comprar, hasta la salida de Spagnuolo se habían iniciado 31 procesos licitatorios. El mismo día de su desplazamiento, también fue removido Daniel Garbellini, director de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, quien tenía un rol clave en la compra de medicamentos e insumos.
Por la naturaleza descentralizada del organismo, las autoridades sanitarias no tenían acceso directo al detalle de esos procesos. «Ahora que lo intervenimos podemos ver los primeros números, antes no lo podíamos hacer y quedaba todo a su disposición», señalaron en el Gobierno. La intervención fue oficializada mediante un decreto publicado el viernes pasado, que designó a Alejandro Vilches —hombre de confianza del ministro Mario Lugones— como interventor.
A diferencia de Spagnuolo, que había sido impulsado por el propio Milei y no respondía a la conducción del Ministerio de Salud, Vilches llega desde la Secretaría de Gestión Sanitaria y responde directamente a Lugones.
En la Casa Rosada trazan un paralelismo con el Hospital Bonaparte, que a comienzos de año también fue intervenido por decisión de Lugones y la Presidencia, al detectarse problemas de gestión. «Si es que sucede, lo de la ANDIS podría ser algo similar», admiten en despachos oficiales.
Aunque la Ley Bases ya venció y con ella las amplias facultades delegadas en materia administrativa, en el oficialismo creen que aún hay margen legal. Un abogado administrativista consultado explicó que «en base a las facultades que le asigna al Presidente el art. 99, inciso 1) de la Constitución Nacional sería una medida de organización interna de la Administración Pública nacional, de la cual el Presidente es el superior jerárquico».
El Ministerio de Salud inició auditorías internas
Mientras tanto, el Ministerio de Salud inició auditorías internas para esclarecer la situación del organismo y determinar si existieron irregularidades durante la gestión de Spagnuolo y Garbellini. El nuevo interventor debe presentar un informe de evaluación administrativa y funcional, en coordinación con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor presidencial Santiago Caputo, quienes ayer se reunieron con Lugones en Balcarce 50.
La revisión se concentra en el programa Incluir Salud, que brinda cobertura a titulares de pensiones no contributivas y concentra gran parte de las compras de medicamentos. «El objetivo es entrar en los detalles de ese plan, que es donde se realizaban las compras que están bajo sospecha», explicó un allegado al proceso de auditoría. Vilches firmó este lunes la orden para iniciar la revisión de todos los contratos, lo que marcó el comienzo formal de la investigación.
Entre esos contratos figura la millonaria licitación con la droguería Suizo Argentina, mencionada en los audios de Spagnuolo. El proceso totalizó 78.267.474.282,95 pesos. Según el Gobierno, fue un procedimiento abierto y competitivo, con participación de Andreani, Correo Argentino y OCA. Andreani se quedó con el almacenamiento y preparación de vacunas, al ofertar un 3% menos que el valor de referencia; mientras que Suizo Argentina ganó la distribución de vacunas y medicamentos, con un precio 17% inferior al de referencia y más bajo que sus competidores.
Desde el Ejecutivo subrayan que el monto adjudicado a Suizo Argentina se paga solo por servicios efectivamente prestados y que hasta el momento, tras cuatro meses de contrato (con una duración de 24), no se efectuaron desembolsos. También remarcan que la droguería representa apenas el 6% de las compras de medicamentos del Ministerio de Salud y que la empresa opera en varias provincias con más de cien años de trayectoria.
El proceso no contó con control de la SIGEN, dado que estas licitaciones están exceptuadas de los precios testigo. Fue el propio Ministerio de Salud el que fijó los valores de referencia. Ahora, la auditoría oficial busca determinar si durante la gestión de Spagnuolo existieron irregularidades en la relación entre la ANDIS y la droguería de la familia Kovalivker.