Ariel Fernando García Furfaro (49) está dispuesto a permanecer detenido todo el tiempo que sea necesario, hasta que “se esclarezcan todas las muertes”. Casi como un sacrificio jurídico para sopesar el daño provocado a por lo menos 96 personas que murieron luego de recibir dosis de fentanilo contaminado que salieron de su laboratorio, HLB Pharma. El líder del grupo empresario, dueño de otras empresas farmacéuticas detenido desde el miércoles pasado por orden del juez Federal, Ernesto Kreplak, decidió no pedir la excarcelación, como lo hicieron los otros nueve imputados que también quedaron privados de la libertad.
«Yo me quedo a que me corten la cabeza, si es que se demuestra que tengo responsabilidad en todo esto”, les dijo al magistrado y a la fiscal Laura Roteta, en su declaración indagatoria del viernes pasado, en los Tribunales de La Plata.
Gastón Marano, abogado de Ariel García, de sus hermanos Hernán y Diego y de su madre Nilda Furfaro, confirmó a Clarín que descartó la posibilidad de requerir esa medida que podría dejarlo en libertad durante el proceso. “No lo hice por expreso pedido de mi defendido, quien está dispuesto a permanecer preso hasta que se averigüe qué fue lo que pasó y hasta que la Justicia investigue sin condicionamientos”, aclaró.
Los hermanos García están acusados por la fiscalía de formar parte de la conducción “de los laboratorios HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA, que tuvieron intervención en la fabricación, distribución, venta, omisión de recupero farmacéutico y adulteración del lote 31.202”, de citrato de fentanilo en ampollas de 5 ml, cuyo suministro “en pacientes de salas de cuidados intensivos de diversos establecimientos de salud del país, resultó en la muerte de al menos 96 pacientes”. Así está escrito en el expediente. Y así se lo leyeron a los imputados en el acto de indagatoria ante las autoridades judiciales. Hoy, de los 10 primeros apresados quedan 7 personas privadas de la libertad.
Cómo son los días de García Furfaro preso
Ahora, los tres hermanos están detenidos en un corredor interno del pabellón de ingresantes, del penal federal de Ezeiza. Comparten celdas y lugares comunes con otros internos que ingresan para el llamado “período de adaptación y observación”.
En estos primeros días, los García fueron sometidos a controles y exámenes médicos. “Pasan allí un tiempo para que los recién llegados comiencen a adaptarse al régimen y a la vida en prisión, mientras se determina su destino final en el sistema”, explicaron a Clarín fuentes oficiales.
En las primeras jornadas detrás de las rejas, Ariel “está manifestando algunos problemas de ansiedad. Le tuvieron que administrar algún tranquilizante”, confiaron fuentes cercanas a los detenidos. “No obstante, su obsesión es que liberen a sus hermanos. No quiere que pasen la experiencia de la cárcel”, agregaron.
Es que Ariel Fernando estuvo detenido en una prisión provincial por una condena por tentativa de homicidio. Permaneció casi seis años en la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata. Allí estudió Derecho y obtuvo su diploma. Pero se habría jurado “no volver más y hacer lo posible para ayudar a quien tenga chances de evitar esa experiencia”, según contó a personas de su entorno. De hecho, mientras cumplía la pena impuesta por un tribunal de San Martín, integró un grupo que se dedicaba a ayudar con asistencia jurídica a internos que no podían acceder a esos servicios. Era un programa impulsado desde el Ministerio de Justicia provincial.
Diego García, luego del control sanitario, manifestó hipertensión arterial. «Alguna vez le habían detectado ese problema. Pero ahora lo controlan más seguido por la presión alta», contaron fuentes judiciales. Y Damián mantiene un trastorno de ansiedad que arrastraba desde hace unos meses y decía controlar con clonazepam.
Nilda Furfaro, quien declaró la semana pasada, está con prisión domiciliaria por su edad. Y Rodolfo Antonio Lambrusciano (ex director de Laboratorios Ramallo) también quedó en libertad. Al parecer no hay pruebas que lo involucren en la maniobra que se investiga. “Hace más de dos años que no tiene contacto con los otros sospechosos. Al parecer era alguien que prestaba su nombre para alguna operatoria del grupo”, dijeron en la Justicia.
En su extenso e intrincado relato ante las autoridades judiciales -su declaración se extendió casi por seis horas-, Ariel García Furfaro rechazó tener responsabilidad alguna en la adulteración que comprobó la Justicia. Señaló a personas ajenas a la empresa y a terceros como autores de una “operación” y cuestionó la actuación de las autoridades, particularmente la ANMAT.
Consideró que el personal de Ramallo, incluyendo a la directora técnica Victoria Garcia (química de garantías quien declara este miércoles en la causa) y otros técnicos, fue «impecable», «extraordinario» y «recontra meticuloso». Sugirió que la ANMAT «generó este lío a propósito» y que el ministro de Salud, Mario Lugones “buscaba que cerraran el laboratorio”.
Ante las autoridades judiciales detalló los que consideró “rigurosos protocolos de limpieza, desinfección entre lotes, uso de autoclaves, maquinaria nueva y líneas de producción importadas”, que habría usado en sus empresas. Y reconoció que “en esas cosas no podés fallar”.
En su extenso descargo frente a Kreplak y la fiscal Roteta -al que accedió Clarín– García Furfaro intenta despegar del escándalo a su familia, sus colaboradores y a los empleados de las firmas que controlaba. “No entiendo cómo entró este bicho (se refiere a las dos bacterias detectadas en el lote infectado de fentanilo que se distribuyó por todo el país). No sé. Hace un mes no duermo, no sé cómo pudo haber pasado. Yo quiero que investiguen, que esto se sepa”, pide el dueño de los laboratorios.
«Yo ahora estoy fundido. Mañana si descubren qué pasó, tengo que arrancar de cero. Pero eso no me preocupa porque siempre trabajé, desde los 18 años tengo negocios. Pero arrastré a mis hermanos”, lamentó García Furfaro.
El ex director general de ambos laboratorios, Javier Tchukran; la directora técnica de Laboratorios Ramallo, Carolina Ansaldi; el director técnico de HLB, José Antonio Maiorano; y el accionista de Ramallo, Horacio Tallarico, siguen detenidos en sedes de la PSA y de la Gendarmería (en Liniers). La Justicia rechazó este martes los pedidos de excarcelación que solicitaron las defensas de estos imputados.
AS