El juez federal Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Franco Picardi, realiza este viernes cuatro nuevos allanamientos en todas las sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y en la Droguería Suizo Argentina, por la causa de las presuntas coimas en discapacidad.
Los investigadores buscan documentación de relevancia para incorporar al expediente que involucra a Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, y su estrecho colaborador Eduardo «Lule» Menem, además de los empresarios Emmanuel y Jonathan Kovalivker.
Con estas medidas de prueba la Justicia federal de Comodoro Py avanza en su objetivo de determinar si la hermana del Presidente recibió sobornos por la compra de medicamentos llevado a cabo por el Estado, tal como se desprende de los audios del despedido titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo.
El operativo ordenado por la Justicia lo lleva adelante la Policía de la Ciudad.
En los últimos días, la Justicia recibió un informe preliminar del peritaje técnico realizado al celular de Spagnuolo en el que se detectó que hay mensajes eliminados del dispositivo. Los investigadores intentan determinar si hay conversaciones con Javier Milei, Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem o empresarios vinculados a la causa.
En paralelo, como contó Clarín, los peritos determinaron que el celular de Emmanuel Kovalivker no se podrá abrir. Es un Samsung último modelo y la Justicia no tiene la tecnología apropiada para destrabarlo.
Cuando estalló el caso, el Gobierno echó a Spagnuolo y también al director de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini, otro de los apuntados. En paralelo decidieron intervenir la Agencia de Discapacidad y llevar adelante un auditoría de todos los contratos. El nuevo interventor designado en la ANDIS es Alberto Vilches, actual secretario de Gestión Sanitaria, quien tiene a cargo una auditoría.
Las versiones sostienen que Spagnuolo está atemorizado y que no descarta si avanza la causa presentarse como imputado colaborador, o sea un arrepentido. El jueves por la noche Spagnuolo designó como su abogado a Ignacio Rada Schultze, un letrado con amplia experiencia en el ámbito del derecho penal económico.