POLÍTICA
El máximo tribunal habilitó el avance del proceso oral contra dirigentes del gremio.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió avanzar con el juicio oral y público contra dirigentes del Sindicato de Camioneros por el bloqueo a la empresa Química Oeste, ocurrido en mayo de 2021.
El fallo del máximo tribunal revocó decisiones previas de la justicia bonaerense que habían sobreseído a los acusados y dio lugar al reclamo del empresario afectado, Carlos Dos Reis. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti entendieron que la causa debía continuar su trámite judicial para determinar responsabilidades.
El conflicto se remonta al 10 de mayo de 2021, cuando un grupo de personas identificadas con el gremio se presentó en el depósito de la firma ubicada en Monte Grande. Según la denuncia del propietario, colocaron una bandera con la inscripción “Sindicato de Camioneros Delegación Monte Grande” e impidieron el ingreso y salida de vehículos, expresando: “de acá no sale nadie, acá no se mueve nadie, hoy no van a trabajar”.
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Con el correr de los días la protesta se intensificó y se extendió hasta el 18 de mayo, generando la paralización de la operatoria y afectando la provisión de insumos para el sector petrolero.
De acuerdo con la querella, el bloqueo ocasionó pérdidas de “varios millones de pesos por día” a Química Oeste y un promedio de 2 millones de dólares al sector petrolero. La denuncia penal apuntócontra Néstor Fabián Arévalo, secretario general de la Delegación Monte Grande, y otros integrantes del sindicato, a quienes la fiscalía acusó de comportamientos violentos y amenazantes con un plan previamente organizado.
El 18 de octubre de 2022, el Juzgado de Garantías N° 2 de Lomas de Zamora había rechazado el pedido de sobreseimiento y ordenado la elevación a juicio, en línea con la postura del Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, la defensa apeló y logró que la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal revocara la decisión, disponiendo el sobreseimiento total de los acusados. El tribunal entendió que no se había demostrado la existencia de conductas tendientes a turbar la posesión del inmueble.
La querella volvió a apelar, pero tanto el Tribunal de Casación Penal como la Suprema Corte bonaerense desestimaron el planteo, argumentando que no se habían rebatido los fundamentos de la instancia anterior.
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Frente a esa situación, el caso fue llevado por recurso extraordinario a la Corte Suprema de la Nación. El empresario denunciante sostuvo que se había realizado “una interpretación arbitraria” del derecho de huelga, que en los hechos implicó la vulneración de derechos constitucionales como el trabajo, la actividad lícita y la propiedad privada.
Finalmente, el máximo tribunal hizo lugar al recurso, con remisión al antecedente “Uzcátegui Matheus”. En ese fallo de 2016, la Corte había revocado el sobreseimiento de acusados en una causa vinculada al ingreso de dinero ilegal en el caso Antonini Wilson.
En esta ocasión, la Corte entendió que correspondía continuar con el proceso judicial para determinar si la conducta de los sindicalistas excedió los límites legales de la protesta gremial.
Con esta decisión, la Corte Suprema refuerza la línea de jurisprudencia que limita el uso de bloqueos como mecanismo de presión sindical y pone en primer plano el resguardo de derechos fundamentales de trabajadores, empresas y terceros.
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