- Dos parejas fueron imputadas y se dictó prisión preventiva por el transporte de más de 230 kg. de cocaína.
- El traslado se hacía desde la ciudad de La Quiaca con destino a la provincia de Buenos Aires.
- Además, son investigados por el delito de lavado de activos de origen ilícito.
A instancias de una investigación realizada por el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Jujuy, a cargo del fiscal Federico Zurueta, el juez federal de Garantías N°1, Esteban Hansen, dictó la prisión preventiva para cuatro imputados/as como presuntos organizadores y financistas del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas por el transporte de más de 230 kilos de cocaína y como coautores del delito de lavado de activos de origen ilícito.
La imputación se basó en una serie de procedimientos en los que se secuestraron grandes cantidades de cocaína. Entre ellos, 56,7 kilos hallados en 2022 en un Renault Koleos; 51,2 kilos incautados en una Chevrolet Montana en 2021; 60 kilos en una Renault Duster Oroch en 2024 y 63,6 kilos en un Citroën C4 interceptado en Catamarca el pasado 11 de septiembre que provenían de Bolivia, pasando por la ciudad jujeña de La Quiaca, donde la mercadería se acondicionaba en autos para trasladarla hacia la ciudad o la provincia de Buenos Aires.
Respecto al delito de lavado de activos, se los imputa por poner en el mercado bienes provenientes de maniobras de narcotráfico, con la consecuencia posible de que los bienes originarios adquieran la apariencia de un origen lícito.
La Unidad Fiscal Jujuy, a cargo de Zurueta y con la colaboración de la auxiliar fiscal Julieta Souilhe y de la prosecretaria Trinidad Carreras Jurado, formalizó la investigación penal en una audiencia realizada el 15 de octubre pasado contra Inés Condorí Ramos; su pareja Eloy Muruchi Quispe; el hermano de éste, Anastasio Muruchi Quispe; y su esposa Cecilia Sacaca Canaza -detenidos dos días antes de la audiencia-, como autores del delito de organización y financiación de transportes de estupefacientes y contrabando de importación de estupefacientes.
En tanto, respecto a una quinta persona que también formaría parte de la organización, ya que se encargaba de conseguir a algunos miembros relativamente estables que realizaban algunos viajes, hay una orden de captura vigente pero no se la pudo localizar.
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Según la investigación, dentro de la estructura, Condori Ramos y los hermanos Eloy y Anastasio Muruchi Quispe eran quienes dirigían y financiaban los transportes, siendo este último también el encargado de la logística. Por su parte, Sacaca Canaz realizaba viajes a Bolivia con el dinero para efectuar pagos y contactar gente. Además, se comprobó que los presuntos dueños del “negocio de la droga” serían Condorí Ramos y Eloy Muruchi Quispe, quienes están en pareja y además registran propiedades a su nombre en Bolivia, lugar desde donde enviarían el estupefaciente.
El juez resolvió en línea con lo solicitado por la fiscalía, respecto a Sacaca Canaza, que una vez que se disponga de una pulsera electrónica, podría tener el beneficio de la prisión domiciliaria (dado que tiene seis hijos menores de edad). En tanto, requirió un informe médico para corroborar el estado de salud de Anastasio Muruchi Quispe (tiene movilidad reducida tras un accidente) y un informe acerca de la situación de los hijos de Condorí Ramos y Eloy Muruchi Quispe -se registró que los tres niños salieron del país con rumbo a Brasil pero no se registró su regreso-.
El magistrado, además, fijó un plazo para la investigación penal preparatoria y de las medidas de coerción hasta febrero próximo. También, otorgó la autorización para peritar todos los celulares secuestrados y la documentación.
Red familiar y contrabando
La investigación se inició el 1º de febrero de 2024 como consecuencia de un análisis comparativo de pericias telefónicas de dos casos de los que surgía la mención de una mujer nombrada como “Tía”, como responsable de una organización de transporte de estupefacientes.
La pesquisa insumió más de un año y tras aplicarse el criterio del artículo 334 del Código Procesal Penal Federal para casos complejos, de realizar numerosas medidas de investigación con la colaboración de personal de Gendarmería en distintos puntos del país e incluso de acumular investigaciones de transporte de estupefacientes detectados en otras provincias, se lograron vincular todos los hechos con los imputados.
Según surge del caso, Eloy Muruchi Quispe y Condorí Ramos eran los principales coordinadores de la operatoria, mientras que el hermano de él, Anastasio Muruchi Quispe y su esposa Sacaca Canaza, colaboraban en la compra de vehículos, el financiamiento de los viajes y el movimiento del dinero ilícito.
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Las escuchas y los registros de geolocalización revelaron que los vehículos usados para el transporte eran comprados o registrados a nombre de los transportistas, quienes firmaban “formularios 08 en blanco”. Esto permitía a la organización recuperar los rodados una vez finalizado el traslado.
La fiscalía determinó que los viajes se realizaban por la denominada “ruta de los valles”, un trayecto más extenso y sinuoso que evitaba controles fijos en rutas nacionales.
Según detalló en la audiencia la auxiliar fiscal Souhile, en cada operativo los vehículos eran acondicionados en La Quiaca y luego trasladados hasta Buenos Aires, donde la droga se distribuía a distintas células.
Los cinco casos ligados a la organización
Con la investigación, se corroboró la participación de los y las imputados/as en un primer caso ocurrido el 11 de septiembre de 2022 con la interceptación de un Renault Koleos con más de 56 kilos de cocaína, acondicionados en 54 paquetes. El vehículo estaba registrado a nombre de Juan Carlos “Salta” Galián -quien fue detenido y condenado por ese transporte-, pero se comprobó que había sido adquirido por Condorí Ramos, quien lo pagó 10 mil dólares y lo inscribió a nombre de Galián, a quien definió ante el vendedor como “un familiar”.
En ese caso, los registros telefónicos demostraron que la línea utilizada por Condorí Ramos viajó desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta Jujuy entre el 3 y el 16 de septiembre de 2022, con impactos en la ciudad de La Quiaca los días 8 y 9 de ese mismo mes, y la baja del servicio se reportó pocos días después del decomiso. La investigación permitió reconstruir el funcionamiento interno de la red.
El segundo hecho, por el traslado de 51 kilos de cocaína en una Chevrolet Montana, ocurrió en 2021 pero se obtuvo condena el 24 de febrero de 2024. El transportista sentenciado declaró haber sido contactado por “Anasto”, luego identificado como el ahora imputado Anastasio Muruchi Quispe. Los peritajes confirmaron comunicaciones con una línea vinculada a una hija del matrimonio Muruchi Quispe-Sacaca Canaza.
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El tercer hecho ocurrió el 16 de octubre de 2024, se hallaron 60 kilos de cocaína acondicionados en un Renault Oroch, en este transporte estuvo involucrada Valdivia, quien fue señalada como intermediaria en la contratación de choferes. Valdivia, niñera de los hijos de Condorí Ramos, mantenía contacto frecuente con Galián, con quien coordinaba movimientos desde la prisión y le proveía de tarjetas para llamadas.
El cuarto hecho, se detectó el 23 de abril de 2025, el Sistema de Vigilancia Integrada de Fronteras (SITEVIF) detectó un cruce irregular de personas desde Bolivia hacia Argentina, en la zona de “La Cantera”.
Un rastrillaje de Gendarmería halló a Amaria Valeriano Noha escondida con 60 paquetes con clorhidrato de cocaína en mochilas. La mujer fue condenada, y en esta investigación se estableció que había sido trasladada por Condorí Ramos desde la terminal de Liniers para viajar a La Quiaca.
En tanto, el último procedimiento contra la organización ocurrió el 11 de septiembre pasado, cuando Lucas Ezequiel Flores fue detenido en Catamarca mientras conducía un Citroën C4 con 63,6 kilos de cocaína -ubicados en 60 paquetes tipo ladrillos ocultos en el chasis-. Las pericias telefónicas confirmaron que Flores mantenía contacto con Condorí Ramos y Eloy Muruchi Quispe, cuyas líneas habían registrado actividad en Brasil y Bolivia en los días previos.
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Tras conocerse esa detención, ambos decidieron “no regresar al país por un tiempo”, según una conversación interceptada el 16 de septiembre pasado entre dos integrantes de la organización.
Durante los allanamientos en una vivienda ubicada en la calle Bruselas al 1100 del barrio porteño de Villa Real, los investigadores secuestraron cuadernos con anotaciones sobre pagos y movimientos. Uno de ellos registraba una transacción vinculada al “Citroën”, el vehículo utilizado en el último transporte de estupefacientes.
El lavado
Las pericias financieras revelaron además que los líderes de la organización habían realizado maniobras de lavado de activos mediante la compra de bienes. Entre ellos, esa vivienda de la calle Bruselas al 1100 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), valuada en 180 mil dólares, y varios vehículos registrados a nombre de allegados.
Según indicó la auxiliar fiscal en la audiencia de formalización, el análisis patrimonial muestra un flujo constante de dinero sin respaldo económico legal, empleado para adquirir bienes y mantener la estructura criminal.
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Para la fiscalía, también es relevante destacar el nivel de vida y gastos detentado por Condorí Ramos, “quien como el resto de los miembros de esta organización, no cuenta con un trabajo lícito registrado”.
Entre ellos, de las escuchas telefónicas se desprenden que se realizaron gastos en cirugías plásticas, joyerías, vehículos de gran porte (como una camioneta Toyota Hilux, tres Volkswagen Amarok, una Mercedes Benz Sprinter) y nueve viajes a Brasil, entre otros.
Además, tienen registradas a nombre de distintos integrantes de la organización y/o familiares, dos propiedades en CABA y otras en las localidades de San Martín, José León Suarez, San Isidro, Ingeniero Budge y Pilar, de la provincia de Buenos Aires.