Su frase expone con crudeza el vacío de responsabilidad que atraviesa al sistema judicial jujeño: el jefe de los fiscales se desentiende del caso de corrupción más grande dentro del Ministerio que hoy dirige.
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(Captura de un fragmento de la denuncia de 54 páginas que acompañó el pedido de juicio político)
El contraste no podría ser más evidente. Mientras se conocen detalles del documento que acompañó el pedido de juicio político a Lello Sánchez —donde se denuncian maniobras de malversación de fondos, contrataciones irregulares y uso indebido de recursos públicos—, Bossatti prioriza “reorganizar áreas” y “revisar procedimientos”, pero evita hablar del fondo del problema. La cifra es contundente y escandalosa: $1000.000.000.
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Su perfil tampoco ayuda a despejar las dudas. Ex apoderado del partido que hoy gobierna la provincia, Bossatti fue designado sin debate público ni rendición de cuentas, en medio de una ola de críticas por la falta de independencia del MPA.
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¿Puede un procurador con vínculos políticos investigar los desmanejos del poder que lo nombró?
La pregunta sigue abierta, mientras en Jujuy la impunidad se recicla con nuevos nombres, pero la misma estructura de poder.
Embed – Abogado constitucionalista analizó el escándalo en torno al Procurador Sergio Lello Sánchez