Raúl Sajama, integrante de la comunidad indígena Angosto el Perchel en Tilcara, habló en Sobremesa y brindó su perspectiva sobre la candidatura de Sarapura. Según él, lo que está en juego no es solo la figura de Sarapura, sino el respeto a los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, que han sido sistemáticamente ignorados por el gobierno provincial.
Sajama explicó que el problema central radica en la «omisión» por parte de la funcionaria, primero como Secretaria de Pueblos Indígenas y luego como ministra de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, de llevar adelante la consulta indígena en los proyectos que afectan a las comunidades. Según la Ley Nacional 24.071, los gobernadores y sus funcionarios tienen la obligación de convocar a las comunidades a una consulta cuando sus territorios están en juego, especialmente en proyectos de gran impacto como la minería. Sin embargo, Sajama asegura que, durante la gestión de Sarapura, nunca se promovió ni se garantizó este derecho, a pesar de que era su deber como autoridad.
«Es un incumplimiento claro», afirmó Sajama. «Ella juró hacer cumplir la Constitución Nacional, pero no lo hizo. En el caso de las comunidades indígenas, las consultas nunca se realizaron, y esto ha sido un reclamo constante».
Embed – SOBREMESA 14-10-25 Raúl Sajama, Integrante de la Comunidad Indígena Angosto El Perchel – Tilcara
El valor de la palabra en las comunidades indígenas
Uno de los puntos más sensibles del discurso de Sajama es el valor de la palabra dentro de las comunidades indígenas. Para ellos, la palabra tiene un peso profundo, y las promesas incumplidas representan un quiebre en la relación de confianza con las autoridades.
En 2016, comunidades como la de Salinas Grandes entregaron un protocolo para la consulta indígena al gobernador Gerardo Morales, pero la respuesta fue la misma: silencio y desinterés.
«Las comunidades nos presentamos de manera formal, pero no obtuvimos respuesta. Esta falta de respeto a la palabra ha causado una gran desconfianza», sostuvo Sajama.
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La economía del Litio: Una tensión subyacente
Otro de los temas que ha provocado el malestar de las comunidades es la explotación del litio, un mineral clave para la transición energética global. Jujuy es una de las principales provincias productoras de litio en Argentina, pero las comunidades no ven reflejado en sus beneficios los frutos de este boom económico.
Sajama destacó que las regalías pagadas por las empresas mineras son mínimas en comparación con otros países como Chile, donde las regalías alcanzan hasta un 40%. En Argentina, las empresas mineras pagan solo un 3% de regalías, lo que deja a la provincia con una pequeña fracción de los ingresos generados por la explotación del recurso.
“Es una vergüenza que las empresas paguen tan poco y que los jujeños no vean ese beneficio reflejado en sus vidas cotidianas”, dijo el dirigente. Además, las comunidades sienten que, en lugar de ser incluidas en los proyectos turísticos o productivos, están siendo desplazadas. El temor de muchos habitantes del norte de la provincia es que el crecimiento económico no se traduzca en mejoras para las comunidades, sino en una mayor marginalización.
Un clamor por la justicia y la memoria colectiva
La impugnación a Sarapura refleja el profundo malestar que se ha acumulado durante años de promesas incumplidas. Sajama subraya que no se trata de un cuestionamiento personal, sino de un llamado de atención a las autoridades sobre la necesidad urgente de cumplir con lo que establece la ley y garantizar los derechos de los pueblos originarios.
El conflicto en Jujuy no es solo político, sino también cultural. La ausencia de un diálogo real y constructivo con las comunidades indígenas ha generado un ambiente de desconfianza que hoy se refleja en las urnas. Como expresó Sajama, las comunidades indígenas no buscan enfrentarse al gobierno, sino ser escuchadas y que se respeten sus derechos. «Lo único que pedimos es diálogo y cumplimiento de la ley», concluyó.
Mientras tanto, la provincia sigue sumida en una crisis de representación y de confianza, y el futuro de las relaciones entre las comunidades indígenas y el gobierno provincial sigue siendo incierto. Sin embargo, el reciente aumento de las impugnaciones y las denuncias judiciales contra el gobierno de Morales y sus funcionarios es un reflejo de que la paciencia de las comunidades ha llegado a su límite.