Hace una año, la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre el caso Hotesur-Los Sauces y confirmó lo dicho por la instancia anterior: Cristina y Máximo Kirchner deben ir a juicio oral, acusados de operaciones de lavado de dinero a través de las empresas familiares, en las que intervino -entre otros- Lázaro Báez. Durante la instrucción del caso, la Justicia dijo que tanto la firma hotelera como la inmobiliaria sólo fueron “pantallas para el blanqueo de activos”. Sin embargo, aún no se estableció la fecha para el inicio del debate.
El expediente se concentró en las empresas familiares Hotesur (firma hotelera) y Los Sauces (inmobiliaria), investigadas por haber sido el presunto vehículo para lavar 120 millones de pesos, cifra calculada entre 2008 y 2015. La maniobra se concretó «con la simulación de contratos de alquiler en el rubro hotelero e inmobiliario», según calificó el representante del Ministerio Público Fiscal cuando pidió que el juicio se realice.
Estas dos compañías nunca tuvieron sedes comerciales. En ambas, un común denominador fue Lázaro Báez, como inquilino en la inmobiliaria y como responsable de administrar y explotar los hoteles. La acusación lo vinculaba al contratista como una pieza necesaria para «devolver» a los ex presidentes al menos parte del dinero proveniente de los sobreprecios en las obras públicas que sus empresas ganaban en licitaciones cuestionadas en el caso Vialidad, donde la ex vice y el dueño del Grupo Austral fueron condenados por corrupción.
En lo que concierne a estas causas por lavado de dinero hay otro delito atribuido: el de dádivas, por tratarse de una funcionaria pública y un empresario contratista del Estado, con quien mantuvo más de veinte operaciones comerciales durante el período investigado.
El 18 de septiembre de 2023, la Casación Federal ordenó reabrir los casos Hotesur y Los Sauces que se tramitan unificados, lo que obliga a la vicepresidenta junto a su hijo Máximo Kirchner a afrontar el juicio oral por asociación ilícita, dádivas y lavado de dinero. La única sobreseída en estos expedientes fue Florencia Kirchner.
En medio de esa discusión, el abogado Carlos Beraldi llegó ante la Corte para revertir la decisión. Pero al igual que en el caso conocido como Pacto con Irán, el máximo tribunal sostuvo que no se estaba ante una sentencia definitiva, motivo por el cual «no se verifica circunstancia excepcional alguna que justifique la intervención de esta Corte”. El recurso extraordinario de Beraldi fue rechazado.
El caso volvió hace un año a Comodoro Py, donde quedó radicado en el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), integrado por los jueces Adriana Palliotti, José Michilini y, hasta hace unas semanas, Pablo Toselli.
Este último magistrado estaba subrogando el cargo y concluyó su plazo. Esto deviene en una nueva conformación cuando ese cargo sea cubierto. En el sorteo salió designado Adrián Grünberg, quien tuvo que excusarse ya que fue uno de los magistrados que había resuelto sobreseer a Cristina Kirchner sin que se hiciera el juicio, una controvertida decisión que luego fue revertida.
Fuentes judiciales indicaron a Clarín que aún no fue designado un nuevo magistrado, lo que retrasa cualquier posibilidad de fijar la fecha de inicio de las audiencias.
Mientras tanto, como contó este medio, el TOF 5 aguarda la conclusión de una pericia contable sobre la inmobiliaria Los Sauces. La que sí finalizó y fue entregada es la correspondiente a Hotesur, la firma dueña del hotel Alto Calafate. Sin embargo, se realizaron algunas observaciones sobre faltante de documentación que se fue requiriendo en estos meses.
El fiscal general Diego Velasco, que intervendrá en el juicio, insistió en la necesidad de imprimir celeridad de cara al inicio del debate oral y público.
A un año desde que falló la Corte Suprema de Justicia, la única precisión es la pretensión de iniciar el juicio en 2026.
El caso Hotesur-Los Sauces
El expediente investiga una maniobra de lavado de activos en la que, según sostiene la acusación, tanto la inmobiliaria Los Sauces como la firma hotelera Hotesur nunca tuvieron un giro comercial genuino sino que se utilizaron como “pantallas societarias” para el reciclado de una porción de los fondos que Lázaro Báez obtenía a través de la obra pública vial, y bajo este esquema a modo de retorno, regresaba al patrimonio de la familia Kirchner.
Respecto de la inmobiliaria, se estimaron operaciones por encima de 30 millones de pesos, y con la empresa hotelera la Justicia cree que se blanquearon unos 80 millones de pesos, valores al año 2015.
La acusación vincula a Lázaro Báez como una pieza necesaria para «devolver» a los ex presidentes al menos parte del dinero proveniente de los sobreprecios en las obras públicas que sus empresas ganaban en licitaciones cuestionadas en otro expediente -Vialidad- cuya sentencia condenatoria contra Cristina, Báez y los demás acusados quedó firme este año.
Cristina y Máximo Kirchner se encuentran procesados por asociación ilícita y lavado de dinero, mientras que una acusación menor le fue otorgada a Florencia Kirchner durante la instrucción de ambas causas: sólo como partícipe de las maniobras investigadas. El año pasado, la Casación sobreseyó a la joven.
A la vicepresidenta le atribuyeron además el delito de dádivas, por tratarse de un intercambio cuestionable entre un funcionario y un empresario contratista del Estado, con quien mantuvo más de veinte operaciones comerciales durante el período investigado.
Entre los imputados que comparten ambas investigaciones, ademas de Báez, se encuentran Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares y Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner). El empresario Cristóbal López está acusado y enviado a juicio únicamente en el expedientes de Los Sauces, ya que era el inquilino que mayores ingresos garantizó al a firma de los Kirchner.