El Gobierno de Javier Milei presentará las reformas del nuevo Código Penal durante el mes de marzo y postergará la discusión por los pliegos de la Corte Suprema de Justicia, cuyo tratamiento y aprobación requieren una mayoría agravada de dos tercios en el Senado, para más adelante en el año.
Pese a la modificación en la composición de la Cámara alta tras los comicios legislativos de 2025, la integración del Máximo Tribunal no figura entre las prioridades inmediatas de la Casa Rosada. En el oficialismo consideran que no están dadas las condiciones políticas para avanzar en ese debate en el corto plazo.
En ese marco, el Gobierno avanzará a partir de febrero en las conversaciones por los pliegos de jueces nacionales y federales, con el objetivo de cubrir los centenares de cargos vacantes en el Poder Judicial. Así lo confirmaron fuentes oficiales ante este medio.
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Para la aprobación de los pliegos de jueces no se requieren mayorías calificadas, por lo que el camino legislativo aparece allanado para La Libertad Avanza. En febrero comenzarán las primeras conversaciones informales, con la intención de llegar al inicio del período de sesiones ordinarias, en marzo, con las negociaciones ya avanzadas.
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En el Gobierno aseguran que no habrá distinciones y que se avanzará de manera simultánea en el tratamiento de los pliegos vacantes para juzgados nacionales y federales. Sin embargo, quedarán pendientes otros nombramientos de alto perfil institucional, como los pliegos para la Corte Suprema, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y otros cargos que requieren el aval de dos tercios del Senado.
En paralelo, la mesa encargada de definir los detalles de la reforma del Código Penal está integrada por la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el asesor presidencial Santiago Caputo, el secretario de Justicia Sebastián Amerio y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy.
Todo indica que la reforma del Código Penal será presentada de manera integral, luego de que el Ejecutivo evaluara la posibilidad de enviarla al Congreso en distintos capítulos. Se trata de una modificación de más de 900 artículos, cuyo eje central es la elevación de las penas y el endurecimiento de las sanciones penales, en línea con la política de seguridad y orden que impulsa el gobierno de Javier Milei.
La iniciativa fue presentada el año pasado en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, en una aparición conjunta de Patricia Bullrich (quien por entonces dejaba su cargo al frente del Ministerio de Seguridad) y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El proyecto también forma parte del temario de sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno en diciembre del año pasado. No obstante, en la Casa Rosada ya dan por descontado que no llegará a tratarse antes de que finalice febrero y apuntan a presentar formalmente la iniciativa en el Congreso de la Nación durante el mes de marzo.
Otro punto importante es la permanencia del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona en su cargo. El funcionario dejó trascender que que permanecería en su cargo hasta febrero. Sin embargo, no hay precisiones sobre hasta cuándo permanecerá a cargo de la cartera ni sobre quién podría reemplazarlo.
PV / EM