La polémica licitación del transporte urbano en la capital jujeña sumó un nuevo y fuerte capítulo. Rodolfo Severich, empresario y titular de Unión Bus, confirmó que la empresa realizó una presentación judicial tras quedar afuera del proceso y denunció presiones, irregularidades y un manejo “totalmente direccionado” desde el poder político. “Esto es un escándalo. Nos voltearon la empresa”, aseguró.
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Foto: Rodolfo Severich, empresario y titular de Unión Bus.
El empresario sostuvo que desde el inicio el proceso estuvo “viciado” y que nunca aceptó las condiciones impuestas por el actual secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, con quien reconoció una relación conflictiva desde hace años. “Nunca tuve una relación feliz con la Municipalidad, pero esto ya cruzó todos los límites”, afirmó.
Uno de los puntos centrales del reclamo tiene que ver con la convocatoria de acreedores que presentó la empresa. Según Severich, se hablaba de una deuda cercana a los 1.800 millones de pesos, pero al finalizar el proceso judicial se comprobó que la deuda real era de apenas 3 millones, lo que terminó siendo favorable para la empresa.
Sin embargo, pese a ese resultado, Unión Bus fue condicionada para participar de la licitación. “Nos piden certificados de libre deuda, pero no nos quieren entregar los de 2018 y 2019. Nos dan los más recientes, pero esos no. Es un apriete”, denunció. Además, remarcó que se les exigió una garantía de 250 millones de pesos, algo que calificó como inédito y pensado “para que directamente peguemos el portazo”.
El empresario también cuestionó duramente el accionar judicial. Según relató, el lunes presentaron el reclamo junto a trabajadores, el miércoles el juez falló a favor y el jueves, en apenas 20 minutos, el fallo fue revertido. “Es un récord. Así da la sensación de que la pelea es totalmente desigual”, expresó.
Incertidumbre laboral y críticas a la falta de seguridad jurídica
Más allá del conflicto empresarial, Severich puso el foco en la situación de los trabajadores, quienes —según advirtió— quedan sin garantías claras en el nuevo esquema. “Hay 120 días más de trabajo, unos cuatro meses, pero después nadie sabe qué va a pasar. La UTA está en silencio y los empleados son los que terminan perdiendo”, lamentó.
También cuestionó que el proceso se haya manejado “a puertas cerradas”, con escasa información pública y sin una verdadera competencia. “Esto deja un pésimo antecedente para la seguridad jurídica en Jujuy. Así, los empresarios que no son amigos del poder quedan directamente afuera”, afirmó, y recordó que ya en el pasado fue blanco de acusaciones políticas que luego no prosperaron en la Justicia.
Finalmente, Severich aseguró que continuarán defendiendo a los trabajadores y sostuvo que, aunque las empresas “son circunstanciales”, lo que queda expuesto es un sistema que, lejos de garantizar transparencia, profundiza la desconfianza en uno de los servicios públicos más sensibles para los jujeños: el transporte urbano de pasajeros.