La denominada ley de “Inocencia Fiscal”, presentada por el Gobierno como una herramienta para movilizar el “dólar colchón”, abrió un frente de tensión con el régimen vigente de prevención del lavado. “No es una norma que deje cómodo a nadie”, advirtió el director del Banco Provincia, Alejandro Formento, quien señaló que la iniciativa “aumentó los umbrales de lo que constituye un delito tributario, pero no modificó ni alteró el sistema de prevención del lavado”. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), subrayó que las entidades financieras “van a tener que seguir ejecutando los mismos controles” y “denunciar a la UIF aquellos casos donde los clientes no puedan justificar el origen de los fondos”.
Alejandro Formento es abogado que posee un posgrado en Derecho Administrativo por la Escuela de Abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación. Cuenta con una maestría en Derecho y Economía por la Universidad Torcuato Di Tella; fue jefe de Gabinete de Asesores de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias y director en el Banco Central de la República Argentina. Actualmente es el director titular del Banco de la Provincia de Buenos Aires, preside la empresa Provincia Microcréditos y dirige la Red Link Sociedad Anónima.
Uno de los problemas que tiene la economía argentina es que la inflación dejó de bajar. Primero se estancó y ahora está subiendo ocho meses consecutivos. Otro de los problemas, tiene que ver con la recesión, la falta de crecimiento, la necesidad de encontrar motores para que el consumo vuelva a producirse y aumenten las ventas y cierren menos empresas. En ese sentido, esta apuesta que hace el ministro de Economía a que el dólar colchón, con la inocencia fiscal, van a ser un motor que potencie y que, de alguna manera, ayude al crecimiento del consumo. ¿Tiene algúna confirmación fáctica? ¿Qué tipo de termómetro ustedes tienen, de uno de los principales bancos de la Argentina, de qué está pasando con el famoso dólar colchón?
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Varios puntos para hacer. El primero es que la verdad no es una norma que deje cómodo a nadie, no solo al sistema bancario, sino en general, porque en definitiva es una suerte de blanqueo, por decirlo de alguna manera, pero sin todas las condiciones que requiere un tipo de blanqueo. Desde el punto de vista del banco, en primer lugar, la verdad que no se ve un crecimiento de los depósitos, siendo que todavía la norma recién se reglamentó por ARCA esta semana. Y, por otro lado, lo único importante es que en definitiva el sistema financiero o bancario va a tener que seguir ejecutando las mismas prácticas, controles y demás que viene ejecutando desde hace años, desde que se creó el sistema y el régimen de prevención del lavado.
Es decir, la ley de inocencia fiscal en realidad lo que hizo fue aumentar los umbrales de lo que se considera, en una ley penal abierta, lo que constituye un delito tributario y en qué punto el Gobierno puede denunciar ese tipo de ilícito, pero no modificó ni alteró de ninguna manera el sistema de prevención del lavado, con lo cual los bancos o cualquier entidad que reciba depósitos podrá recibirlos, pero después va a tener que seguir ejecutando y ejerciendo los mismos controles que se hacen regularmente por el sistema de prevención de lavado y denunciar a la UIF aquellos casos donde los clientes no puedan justificar el origen de los fondos.
«Sáquela del colchón»: el día que Carlos Menem le pidió a los ahorristas exactamente lo mismo que el gobierno de Milei y Caputo
O sea, todos, porque supuestamente a todos aquellos que apelen a la inocencia fiscal es porque no pueden justificar el origen de sus fondos.
Y en realidad, en materia de lavado hay un delito preexistente, que es la evasión fiscal. Desde el punto de vista del sistema de prevención, las entidades financieras nos vamos a ver obligadas, en principio, a seguir el procedimiento normal, que es reportar esas operaciones a la UIF. Por otra parte, está pendiente que la UIF emita su reglamentación. Eso dio lugar, en principio, al cambio de autoridades, con un nivel de conflicto, y por otro lado también, en algún sentido, falta una opinión del Banco Central, que en definitiva es el regulador directo de los bancos. Por un lado, no nos parece bueno el esquema; nos parece que promueve el blanqueamiento potencial de fondos, no siempre que tenga que ver con la evasión, sino por ahí con otros delitos, otras prácticas irregulares. Y tampoco vemos que haya un crecimiento de los depósitos en lo más mínimo, por el momento.
El punto sería que hay un límite, creo que son $600.000, que la persona puede apelar a la inocencia fiscal.
Sí, se subieron los umbrales en pesos bastante más.
¿Pero sería equivalente a $600.000?
Si no recuerdo mal, el umbral mínimo pasó de un millón y medio a cerca de mil millones de pesos.
Un día frenético en el que Caputo buscó desviar el foco del IPC
Entonces bastante menos de lo que yo estoy planteando. Digamos, no le serviría al narcotráfico eso, pero la suposición es que puede haber un montón de personas físicas que hagan eso y que luego se lo devuelvan. ¿Este sería el punto?
Potencialmente sí, pero igual no solo narcotráfico; puede ser un conjunto de situaciones, porque el sistema de prevención de lavado no estandariza por un tipo potencial o supuesto delito, sino que en definitiva analiza en su conjunto las operaciones que hace una persona física o jurídica en función de un perfil que el banco tiene registrado por el flujo comercial o los ingresos de una persona. Y en la medida en que ese perfil, o mejor dicho, las operaciones, no guardan relación con ese perfil, se tiene que analizar cada operación por un sistema de alertas de operaciones sospechosas.
¿Es mil millones o cien millones?
Mil millones.
Más allá de ese problema, ¿vos no creés que vaya a haber dinamismo de la economía a partir de esto? ¿Creés que no va a ser significativo?
La verdad que obviamente es difícil hacer futurismo, pero en principio vemos estos problemas que te comentaba: que en definitiva el sistema financiero va a tener que ejercer los controles que viene ejerciendo, porque así lo dice la ley de prevención de lavado y todas las normas reglamentarias de la UIF. Va a tener que seguir ejerciendo los controles de prevención que viene ejerciendo y, en definitiva, eso básicamente implica que en la medida en que el cliente no pueda justificar el origen de los fondos va a ser reportado a la UIF y se va a iniciar un trámite sumarial en ese ámbito, que puede tener una causa penal, una denuncia penal de la UIF.
Voy a conjeturar: el Gobierno, el Poder Ejecutivo Nacional, ¿podría darle órdenes a la UIF y podría darle órdenes a la AFIP de que hasta 600.000 dólares no investiguen?
No, porque en principio todo el marco regulatorio de prevención de lavado surge de una ley, o sea, tiene rango de ley. Por tanto, para modificar ese esquema en la ley de inocencia fiscal, en todo caso habría que haber incorporado modificaciones a la ley de prevención de lavado.
Caputo invitó a llevar los “ahorros a los bancos”, pero persisten las dudas
¿Se equivocaron? ¿Le faltó en la ley colocar el tema del lavado?
No, no creo que se hayan equivocado. De hecho, un comentario que me parece viene a cuento es que el año pasado Argentina tuvo una revisión del GAFI, que es la entidad internacional que controla y monitorea la situación de los sistemas de control de prevención de lavado a nivel global, y Argentina aprobó raspando. Aprobó raspando significa que no pasó a la lista gris, que es la lista en la que están los países cuyos sistemas de control no reúnen estándares internacionales aceptables, y eso tiene un costo muy importante porque encarece el crédito, el endeudamiento, etcétera.
Es como un riesgo país.
Sí, obviamente no tiene la misma implicancia, pero sí, en ese aspecto conceptualmente es lo mismo. Este tipo de medidas justamente ponen muy en riesgo la posición de Argentina como país, como economía, en este aspecto. Por eso no se animaron a modificar la ley de prevención de lavado y el sistema de control en ese sentido.
Ayúdame entonces a pensar con la cabeza de Caputo, ¿cuál sería el modelo de pensamiento, dado estas contradicciones que vos marcás?
La verdad que no lo tengo claro y no me quiero poner en exégeta del ministro. Creo que habrá algún tipo de apuesta a que en la reglamentación algo se administre. Insisto con el punto que hacía antes: renunció el titular de la UIF en estos días justamente porque hay evidentemente algún ruido respecto de la regulación que la UIF tiene que emitir en relación a esto. Por tanto, puede haber una apuesta a que haya alguna regulación que por ahí exceda en términos legales las capacidades que tiene. Y por otro lado también está la cuestión del mercado de capitales, porque en realidad no solo los receptores de fondos somos los bancos, sino también pueden ser las ALyC u otros actores, donde hay que ver si los sistemas de control y prevención son tan robustos y están tan consolidados como en el sistema bancario. Ahí puede haber también una mirada.
Y que muchos de ellos no denuncien a la UIF, por ejemplo.
Son sujetos obligados y debieran hacerlo, pero, por ejemplo, si la CNV tiene un sistema de fiscalización y control, no creo que sea de la robustez y de la trayectoria que tienen los bancos, con lo de la UIF también y el Banco Central como reguladores.
Renuncia y más poder para Santiago Caputo detrás de la salida de Demian Reidel de NASA
¿Encontrás punto de contacto entre la renuncia del director de la UIF y la del INDEC?
A priori, no.
¿Cuál es tu previsión o cuál es la previsión que tiene el banco, dado además el contacto que tienen directo con la mayor cantidad de pymes? Supongo que debe ser el banco que más clientes pymes tiene en la Argentina, o la mayor cantidad de relaciones tiene. ¿Cómo viene este año?
La verdad que el banco tiene más de un millón de empresas clientes, la mayor parte son pymes, así que conocemos bien la situación. Particularmente son empresas que están radicadas en la provincia de Buenos Aires en su gran mayoría, y la verdad que el panorama es muy complicado. No solo en el Banco Provincia, sino en general. El primer termómetro de alerta tiene que ver con la irregularidad, la mora, las dificultades para cumplir las obligaciones.
Si no recuerdo mal, en la provincia de Buenos Aires será el doble o el triple que en el promedio del país.
A nivel familias, a nivel nacional, el dato agregado a noviembre del año pasado es de casi nueve puntos de irregularidad; o sea, de cada 100 créditos que toman las familias, casi nueve personas tienen problemas para pagar. En el caso de empresas, a nivel nacional, el dato es menos crítico: está en torno al 3%. Falta el dato de diciembre, que va a aparecer en estos días, pero nosotros estamos proyectando algo por el estilo.
Y la verdad que, sumado a eso, lo que estamos viendo es que en la provincia, a nivel familia, es de casi 14 puntos contra los nueve u ocho de nación; o sea, un 40% más de irregularidad. En empresas todavía ese dato no es tan crítico, pero es una cuestión de tiempo, esa es un poco la sensación. Lo que estamos viendo es un deterioro muy fuerte en la cadena de pagos. Estamos viendo un crecimiento exponencial de los cheques rechazados. En diciembre hubo 119.000 cheques rechazados. Más o menos 2% de todos los cheques que se emiten sufren ese rechazo por falta de fondos.
El dólar profundiza su caída y llega a su nivel más bajo en tres meses
¿Cuánto era antes?
Y creció, está creciendo a un ritmo, del 0,3 o 0,4 por mes; o sea, lo que justamente quería transmitirte era eso: hay como una aceleración muy marcada del fenómeno en los últimos meses. La irregularidad del sector privado, tanto familias como empresas, está en el orden del 5 o 6%, y sobre todo con un nivel de aceleración muy grande. Se triplicó el dato año contra año. Y esto implica que tenemos que remontarnos a momentos históricos mucho más complejos para encontrar estos niveles de dificultades de las familias y las empresas para cumplir sus obligaciones crediticias.
Y otro dato relevante también es la cantidad de concursos y de problemas que presentan las empresas. A nivel agregado, uno ve los datos del Estimador de Actividad Mensual que publica el INDEC. El año 2025 cerró en rojo. Nosotros en el banco desarrollamos un índice propio que se llama Pulso, para medir el nivel de actividad específico de la provincia, con una metodología muy robusta, y también cerramos el año con números rojos. O sea, la actividad económica, particularmente la industrial, el comercio masivo, la construcción, que son parte del corazón del motor de la actividad económica y la estructura productiva de la provincia, están muy golpeadas. Y a nivel familia lo que vemos es el deterioro de los ingresos, la pérdida del empleo registrado. Todo esto va generando situaciones y contextos muy complicados para pensar que estas situaciones se vayan a revertir en el futuro.
¿Cómo imaginás que va a terminar 2026 y cómo va a arrancar el humor económico del año electoral de 2027?
La mayor preocupación es que el modelo del Gobierno nacional básicamente castiga a los sectores productivos con la apertura importadora, con la afectación de los ingresos de la familia, del empleo y de la actividad. Y nosotros la verdad no estamos viendo muchos drivers que, más allá de la evolución de los sectores más dinámicos, como energía o minería, a nivel de la tracción que generan en empleo, mejora de ingresos y consumo masivo, no vemos que vaya a tener un impacto. Por lo cual lo que estamos proyectando es un escenario complejo, particularmente en la provincia de Buenos Aires. Si bien existe el mundo agropecuario, que el Banco Provincia conoce muy bien, en el sector industrial, de la construcción y del consumo masivo la verdad que no vemos los drivers para pensar en un proceso de reactivación. Y a eso se agrega la política fiscal también del Gobierno nacional.
Este programa económico, que tiene su pata fiscal, particularmente castiga a la provincia de Buenos Aires, tanto como a otras, pero por su peso específico tiene un impacto más fuerte. Y la verdad lo que está sobre la mesa no es un castigo político al gobernador Axel Kicillof, sino que en definitiva los 17 millones de bonaerenses están sufriendo, por un lado, este deterioro de la estructura económica productiva, del empleo y los salarios, y por otro lado también las dificultades de un Estado que está desfinanciado por la mala gestión y administración, e incluso el incumplimiento legal de las obligaciones del Estado nacional, por ejemplo en términos de la transferencia de incentivo docente, cosa que está judicializada en la Corte.
RM/fl