Con la inflación en su nivel más alto en casi un año, el programa económico de Javier Milei enfrenta nuevas tensiones. Mientras el Gobierno insiste en que el ajuste es el único camino, los datos muestran que las “anclas” fiscales y monetarias no logran frenar la remarcación y el deterioro del poder adquisitivo.
Un discurso que se desmorona
Aún utilizando la antigua medición, la inflación volvió a acelerarse y alcanzó su nivel más alto en diez meses, en un contexto de creciente incertidumbre sobre la sostenibilidad del programa económico oficial. Lejos de consolidar una tendencia a la baja, el índice de precios refleja que las promesas de estabilización rápida chocan con una economía atravesada por tarifazos, apertura importadora y caída del consumo.
El equipo económico había apostado a una combinación de fuerte ajuste fiscal, licuación del gasto público y contracción monetaria como “anclas” para frenar la dinámica inflacionaria. Sin embargo, la propia dinámica del mercado muestra los límites de ese esquema. Las subas en alimentos, servicios y combustibles impactan directamente en los bolsillos populares, mientras los salarios y jubilaciones continúan corriendo por detrás.
Desde el oficialismo sostienen que el superávit fiscal y el control de la emisión constituyen pilares sólidos para estabilizar la economía. Pero en los hechos, el costo del ajuste recae sobre jubilados, trabajadores estatales y sectores precarizados. La contracción del consumo interno y la caída de la actividad industrial evidencian que la estabilización prometida se apoya en una recesión profunda.
Al mismo tiempo, crecen las tensiones cambiarias y financieras. La necesidad de sostener el tipo de cambio como referencia antiinflacionaria obliga al Gobierno a maniobras permanentes para evitar sobresaltos, mientras el endeudamiento y la dependencia de capitales especulativos exponen al programa a shocks externos.
La inflación en máximos de diez meses no es un dato aislado: es la expresión de un modelo que prioriza el equilibrio fiscal a cualquier costo, incluso a expensas del mercado interno y del nivel de vida de las mayorías sociales. La pregunta que comienza a imponerse es cuánto margen político y social le queda al Ejecutivo para profundizar un ajuste que no logra cumplir su principal promesa: bajar la inflación sin pulverizar ingresos.