El Ministerio de Capital Humano anunció que recurrirá la decisión judicial que frenó cautelarmente la aplicación de partes centrales de la Ley de Modernización Laboral, tras una presentación de la CGT.
El Ministerio de Capital Humano informó que apelará el fallo del Juzgado Nacional del Trabajo N°63, que suspendió provisoriamente una serie de artículos centrales de la reforma laboral, luego de que aceptara una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT).
En un comunicado, la cartera a cargo de Sandra Pettovello expuso que buscará revertir el fallo judicial: «El Ministerio de Capital Humano, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, apelará el fallo dictado por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 en la causa Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional s/ Acción Declarativa Expte. CNT 10308/26 por el cual suspendió cautelarmente un conjunto de artículos de la Ley Nº 27.802 de Modernización Laboral».
En tal sentido, volvió a defender la ley, que fue sancionada por el Congreso en febrero. «El Ministerio reafirma su compromiso en defensa de esta ley, sancionada por amplia mayoría del Congreso de la Nación y concebida como herramienta fundamental para la creación de empleo formal, la mejora de la competitividad y fortalecimiento de la seguridad jurídica de trabajadores y empleadores», señaló.
El Ministerio de Capital Humano indicó además que, en caso de considerarlo, realizará otras presentaciones judiciales: «A tal efecto, se agotarán todas las instancias judiciales necesarias para garantizar la plena vigencia de la Ley N° 27.802, en tanto expresión inequívoca de la voluntad legislativa y mandato de la actual gestión de gobierno».
La resolución judicial, firmada este lunes, ordena frenar la aplicación de un amplio paquete de modificaciones introducidas por la Ley 27.802, al considerar que existen indicios suficientes de posibles afectaciones a derechos protegidos por la Constitución Nacional. El fallo se apoya en una «verosimilitud del derecho calificada» y en el «peligro en la demora», dos requisitos clave para este tipo de medidas. Según el magistrado, permitir la entrada en vigencia de la norma podría generar daños «graves e irreparables» sobre millones de trabajadores y sobre el sistema de relaciones laborales en su conjunto.