martes, 31 marzo, 2026

Mariano Miranda analizó los desafíos del Poder Judicial de Jujuy en seguridad jurídica y régimen penal juvenil

El vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia provincial destacó que la atracción de inversiones requiere un sistema judicial eficiente y previsible, y que la eventual baja de la edad de imputabilidad demanda una respuesta integral que vaya más allá de lo punitivo.

El vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, Mariano Miranda, se refirió a los desafíos estructurales que enfrenta el Poder Judicial provincial. En una entrevista, señaló que tanto la seguridad jurídica como una eventual modificación en la edad de imputabilidad requieren de un sistema preparado para dar respuestas integrales, que trasciendan las meras reformas legales.

Miranda afirmó que «sin seguridad jurídica no hay inversiones posibles», explicando que este concepto no se limita a la estabilidad normativa, sino que abarca la confianza en todo el sistema institucional. Implica, según detalló, reglas claras y previsibles, pero también un Poder Judicial eficiente, independiente y capaz de resolver conflictos en plazos razonables. «Una empresa que analiza invertir no solo mira la ley, sino cómo se aplica, cuánto demora un juicio, qué tan confiables son las decisiones judiciales y si existen garantías de imparcialidad», sintetizó.

En este contexto, el magistrado remarcó la importancia de contar con procesos judiciales ágiles, transparencia y criterios uniformes, especialmente en la competencia por atraer capitales. «La demora o la imprevisibilidad terminan siendo costos ocultos que muchas veces desalientan inversiones», advirtió.

En otro tramo de la entrevista, Miranda abordó el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad. Aclaró que, si bien la nueva legislación debe ser reglamentada, su implementación no puede pensarse únicamente desde lo punitivo. «La justicia va a actuar, pero es indispensable contar con espacios adecuados para la contención de niños, niñas y adolescentes», sostuvo. Subrayó que cualquier cambio en el régimen penal juvenil debe ir acompañado de políticas públicas coordinadas con el Poder Ejecutivo, que incluyan infraestructura, equipos interdisciplinarios y dispositivos de acompañamiento, respetando siempre los derechos consagrados en la Convención de los Derechos del Niño.

Finalmente, el vicepresidente de la Corte informó sobre los avances en el Poder Judicial jujeño, como la implementación del juicio por jurados, la creación de nuevas salas de apelación, la puesta en funcionamiento del Consejo de la Magistratura y la transformación del fuero laboral hacia un sistema más ágil. Miranda concluyó enfatizando que el objetivo central del sistema judicial es «administrar justicia en tiempo oportuno y con una mirada que contemple la realidad social».

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