Tras el cierre del icónico acuario y la quiebra de la empresa a cargo, un juzgado comercial debe autorizar el traslado o la reubicación de los ejemplares, que permanecen bajo custodia en el predio.
El Aquarium Mar del Plata, un emblema de la ciudad balnearia, cerró sus puertas el 31 de marzo de 2025. Con la quiebra de la empresa Plunimar decretada el 20 de febrero de 2026, el destino de sus 66 animales quedó judicializado. Actualmente, los ejemplares permanecen bajo custodia en el predio de Punta Mogotes, a la espera de que la Justicia defina los pasos a seguir.
Entre los animales se encuentran 56 pingüinos magallánicos, dos pingüinos rey, cuatro saltarrocas y cuatro lobos marinos. Un equipo reducido de 12 cuidadores se ocupa de su alimentación, salud y seguridad. Dado que el proceso se tramita en el Juzgado Nacional en lo Comercial Nº20, cualquier mudanza o traslado requerirá la autorización expresa de ese tribunal.
La situación económica de Plunimar se agravó tras el cese de operaciones y la pérdida de ingresos por venta de entradas desde marzo de 2025. El contrato de alquiler, vigente desde 1993 y renovado hasta 2022, no fue prorrogado en 2025. En enero de 2026 la empresa dejó de pagar sus obligaciones, lo que derivó en la declaración de quiebra el mes siguiente.
Desde el Aquarium Mar del Plata, The Dolphin Company informó su intención de reubicar a «todos los animales nacidos bajo cuidado humano», aunque aclaró que los traslados necesitan aval judicial y estrictos controles sanitarios. Un antecedente fue el traslado de diez delfines a Hurghada, Egipto, a fines de 2025.
Antes de la quiebra, Plunimar intentó vender ejemplares a instituciones de México, China y San Pablo, pero las operaciones enfrentaron limitaciones sanitarias y ambientales. Los animales figuran como parte del activo de la empresa en concurso, por lo que cualquier movimiento debe contar con acuerdo judicial y permisos de las autoridades ambientales.
Vecinos han denunciado en redes sociales condiciones inadecuadas en algunos estanques. Tanto la empresa como el municipio respondieron que el agua proviene del océano y que se respetan protocolos mínimos de bienestar. Organizaciones y particulares exigen inspecciones más exhaustivas, mientras la comunidad científica y ambiental aguarda definiciones judiciales sobre el futuro del parque.