El Decreto 931/2025 puso fin al congelamiento de sueldos para funcionarios de alto rango, generando debate sobre la distribución del ajuste económico.
El Gobierno nacional dispuso, mediante el Decreto 931/2025, la finalización del congelamiento salarial para los altos cargos de la administración pública. Esta medida implica un aumento patrimonial para los funcionarios afectados, en un contexto económico marcado por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de gran parte de la población.
La justificación oficial para esta decisión ha sido la «recomposición» de los salarios del sector. Sin embargo, la medida contrasta con la situación de otros sectores, como los jubilados y los trabajadores formales e informales, cuyos ingresos no han experimentado mejoras similares.
El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, figura central en la comunicación gubernamental, registra una imagen pública negativa del 66% según encuestadoras y enfrenta causas judiciales vinculadas a su patrimonio y al uso de recursos públicos, lo que ha incrementado el escrutinio sobre su figura.
Encuestas recientes sitúan a los bajos salarios y el desempleo como las principales preocupaciones de los argentinos, con un 37% y un 36% de menciones respectivamente, seguidas por la corrupción con un 33%. Los niveles de aprobación y desaprobación del Gobierno reflejan un escenario de descontento generalizado.
Mientras la Universidad de Buenos Aires advierte sobre el impacto de la incertidumbre económica en la salud mental, el aumento salarial para los altos funcionarios ha reavivado el debate sobre la equidad en las medidas de ajuste económico.