La Cámara de Diputados aprobó la modificación de la normativa ambiental tras un extenso debate, con el respaldo de bloques oficialistas, aliados y representantes provinciales. La oposición anunció que judicializará la ley por considerarla inconstitucional.
La Cámara de Diputados de la Nación sancionó este miércoles la reforma de la Ley de Glaciares, tras un debate que se extendió por casi diez horas. El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, obtuvo 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones.
La iniciativa contó con el apoyo de los bloques oficialistas, diputados de la UCR, el PRO y representantes de varias provincias, incluyendo a aquellos alineados con los gobernadores que integran la Mesa del Litio y del Cobre (Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan). Estos mandatarios habían solicitado las modificaciones para desbloquear inversiones en zonas periglaciares.
Entre los principales cambios introducidos por la reforma se establece que solo quedarán bajo protección estricta las formaciones que demuestren un «aporte hídrico relevante y verificable» a una cuenca. Además, se otorga a las provincias un rol clave en la elaboración del inventario de glaciares.
Durante la sesión, estuvieron presentes la vicepresidenta Karina Milei y el secretario de Minería, Luis Lucero. El debate fue abierto por los oficialistas José Peluc (San Juan) y Nicolás Mayoraz, presidentes de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, respectivamente, quienes defendieron la constitucionalidad y necesidad de la reforma.
Desde la oposición, se cuestionó la iniciativa. Máximo Kirchner (Unión por la Patria) calificó la legislación como «cipaya y entreguista», mientras que Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) advirtió sobre posibles problemas de constitucionalidad que, según pronosticó, serán discutidos en la Corte Suprema de Justicia.
La votación mostró divisiones al interior de algunos bloques. En Unión por la Patria, los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica votaron a favor del proyecto oficialista. Por su parte, el interbloque Unidos también registró posturas divergentes entre sus miembros.
La ley ahora queda promulgada, en un contexto de debate sobre el equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo de actividades productivas, especialmente en provincias del noroeste argentino.