martes, 19 mayo, 2026

La Justicia avanza en la investigación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni

El fiscal Gerardo Pollicita citó al contratista de las refacciones en la casa del country del funcionario y amplió las indagatorias sobre operaciones inmobiliarias. Se dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y su familia.

En el marco de la causa que investiga el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el fiscal federal Gerardo Pollicita avanzó con nuevas medidas. Se citó a declarar como testigo al contratista que realizó refacciones en la vivienda de Adorni en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz.

Matías Tabar, de la empresa Grupo AA, deberá presentarse el próximo 24 de abril en los tribunales de Comodoro Py. El fiscal le solicitó que entregue toda la documentación vinculada a presupuestos, contratos, facturas, comprobantes de pago y comunicaciones con Adorni o su esposa, Bettina Julieta Angeletti, titular del inmueble. También deberá aportar datos de cuentas bancarias y medios de pago utilizados.

En paralelo, el juez federal Ariel Lijo dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni, su esposa y una empresa familiar, para analizar movimientos financieros entre 2022 y 2025.

La fiscalía también citó a declarar a otras personas vinculadas a una operación inmobiliaria: las vendedoras de un departamento, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, el hijo de esta última, Pablo Martín Feijoo, y el vendedor Juan Consentino. Todos deberán aportar documentación y comunicaciones sobre la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, concretada en noviembre de 2025, que incluyó un financiamiento privado sin intereses.

La escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en esa operación, ya declaró y afirmó que se trató de «una compraventa con una hipoteca con un saldo de precio», negando irregularidades. Sin embargo, la fiscalía continúa analizando la lógica económica del acuerdo, en particular la ausencia de intereses en la hipoteca.

La causa se originó a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien señaló presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas de Adorni, indicando un aumento patrimonial del 500% en un período fiscal.

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