En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, el fiscal Gerardo Pollicita avanza en el análisis de las obras realizadas en una propiedad vinculada al jefe de Gabinete. Se solicitó documentación detallada y se ampliaron las citaciones a otros involucrados en operaciones inmobiliarias.
El fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, avanza en el análisis de las refacciones realizadas en una casa del country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz. En este marco, citó a declarar como testigo al contratista Matías Tabar, de la empresa Grupo AA, para el próximo 24 de abril en los tribunales de Comodoro Py.
Al contratista se le solicitó que entregue toda la documentación vinculada a los presupuestos, cotizaciones, contratos, órdenes de trabajo, facturas, comprobantes de pago y comunicaciones con Adorni o su esposa, Bettina Julieta Angeletti, quien figura como titular del inmueble. También deberá presentar constancias de pagos en cualquier modalidad e información detallada de cuentas bancarias o instrumentos utilizados para percibir sumas por la obra.
En paralelo, el juez federal Ariel Lijo dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni, su esposa y una empresa familiar para analizar movimientos financieros y activos entre 2022 y 2025.
La fiscalía también citó a declarar a otras personas vinculadas a operaciones inmobiliarias del funcionario, como las vendedoras Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, el hijo de esta última, Pablo Martín Feijoo, y el vendedor Juan Consentino. Todos deberán aportar documentación y comunicaciones digitales sobre el origen de los fondos y las operaciones, que incluyen la compra de un departamento en Caballito en noviembre de 2025.
El eje de la investigación se centra en la estructura de un acuerdo que incluyó una hipoteca de 200 mil dólares sin intereses, otorgada por las vendedoras. La escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino, declaró que fue «una compraventa con una hipoteca con un saldo de precio» y afirmó que no hubo irregularidades. No obstante, la fiscalía mantiene bajo análisis la lógica económica de la operación.
La causa se originó a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien advirtió presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas patrimoniales de Adorni.