La periodista rosarina fue denunciada por el Ejecutivo nacional tras difundir imágenes del interior de la Casa Rosada en su programa de TN. La Justicia deberá determinar si hubo espionaje ilegal.
El nombre de Luciana Geuna se instaló este jueves en el centro del debate político y mediático. La periodista oriunda de Rosario fue denunciada penalmente por el gobierno de Javier Milei por supuestas «tareas de espionaje», tras la difusión de imágenes del interior de la Casa Rosada en su programa «¿Y mañana qué?», que se emite por TN. El propio presidente la atacó públicamente en X: «Basuras repugnantes», escribió Milei junto a una foto de Geuna y del periodista Ignacio Salerno.
Geuna es licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). En 2002, poco después de recibirse, fue seleccionada para la beca de Nuevos Periodistas del diario Clarín, lo que la llevó a instalarse en Buenos Aires e iniciar una carrera sostenida en medios de alcance nacional. A lo largo de los años pasó por la revista Noticias, el diario Perfil y Clarín, consolidándose como una de las periodistas políticas más reconocidas del país.
Un punto de inflexión en su trayectoria fue su incorporación al programa «Periodismo Para Todos», el ciclo de Jorge Lanata, desde su lanzamiento en 2012. Esa exposición la proyectó definitivamente en la televisión nacional. Hoy conduce «¿Y mañana qué?» en TN, donde también escribe una columna política semanal. Desde 2024 suma además su participación en el streaming «Paraíso Fiscal», que se emite por Olga de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana.
El detonante fue la emisión de imágenes de pasillos e interiores de la Casa Rosada en su programa. El Gobierno presentó una denuncia penal contra Geuna y su equipo de trabajo, acusándolos de espionaje ilegal. Como medida derivada, el Ejecutivo prohibió el ingreso de unos 60 periodistas acreditados a la sede presidencial, una decisión que no registra precedentes en la historia argentina. La Justicia federal deberá ahora determinar si las imágenes difundidas constituyen el delito que el Gobierno imputa a la periodista y su equipo.