La reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional avanza en medio de negociaciones complejas con los gobernadores, en un contexto marcado por la caída de recursos y el deterioro de las finanzas provinciales.
La reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional avanza en medio de negociaciones complejas con los gobernadores, en un contexto marcado por la caída de recursos y el deterioro de las finanzas provinciales. La iniciativa, que incluye la eliminación de las PASO y la implementación de la ficha limpia, requiere del respaldo legislativo de distintos sectores para poder avanzar en el Congreso.
Sin embargo, el oficialismo enfrenta dificultades para garantizar esos apoyos, incluso entre mandatarios que hasta ahora se mostraban cercanos. Entre ellos aparecen el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil, dos aliados dentro del peronismo que en esta oportunidad adoptaron una postura más cautelosa. Mientras uno planteó que no es el momento para avanzar con la reforma, el otro consideró necesario analizar en profundidad el proyecto antes de fijar posición.
En paralelo, otros gobernadores mantienen una agenda centrada en reclamos por mayores recursos, en un escenario donde la reducción de las transferencias automáticas desde Nación complica el funcionamiento de las administraciones provinciales. La mayoría de los distritos destina cerca del 80% de sus ingresos a gastos rígidos como salarios, seguridad social y asistencia a municipios, lo que deja escaso margen para sostener obras públicas.
En ese marco, la inversión en infraestructura muestra señales de desaceleración. Informes recientes indican que la inversión pública provincial cayó con fuerza en los últimos años y que, de continuar la tendencia, podría registrarse un nuevo ajuste durante 2026.