Una quincena de legisladores oficialistas presentó una denuncia penal contra su excolega de bloque, Marcela Pagano, y su pareja, por supuestas irregularidades en sus declaraciones juradas y contratación de personal.
Un grupo de 15 diputados de La Libertad Avanza presentó este miércoles una denuncia penal contra su excompañera de bloque, Marcela Pagano, bajo los cargos de enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa de datos, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. La denuncia, que también alcanza a su pareja, el abogado Franco Bindi, fue radicada en el fuero Criminal y Correccional Federal.
Según informó el diario La Nación, la presentación judicial se basa en presuntas irregularidades detectadas en las declaraciones juradas de Pagano ante la Oficina Anticorrupción. Entre los señalamientos, se menciona la «desaparición sin trazabilidad» de un inmueble, la falta de registro de bienes de su conviviente y declaraciones de divisas con fechas consideradas imposibles.
El texto judicial sostiene que la diputada habría utilizado su mandato para enriquecerse, señalando a Bindi como «instigador y cómplice necesario». Además, los legisladores libertarios sugirieron que el patrimonio denunciado podría tener financiamiento de origen extranjero, vinculando a la pareja de la legisladora con funcionarios de países como Venezuela, Rusia y Bolivia.
Otro de los puntos críticos de la denuncia menciona la contratación de cuatro personas como personal de apoyo en la Cámara de Diputados. El oficialismo afirma que estos asesores estarían relacionados con empresas de Bindi y habrían reintegrado parte de sus honorarios públicos a la pareja, maniobra calificada como un mecanismo de fraude al erario público.
La reacción de Pagano fue inmediata pero lejos del recinto. Mientras el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindaba su informe de gestión, la diputada se dirigió a los tribunales de Comodoro Py. Fuentes cercanas indicaron que su presencia tuvo como objetivo aportar nuevas pruebas en la causa donde ella denunció a Adorni por la compra de una propiedad en un country.
La presentación concluye que la conducta de Pagano configura una infracción a la Ley de Ética Pública, marcando una ruptura total con sus antiguos aliados políticos.