Una quincena de legisladores de La Libertad Avanza presentó una denuncia penal contra su excolega Marcela Pagano y su pareja, Franco Bindi, por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, fraude y administración fraudulenta.
Un grupo de quince diputados de La Libertad Avanza presentó este miércoles una denuncia penal contra su excompañera de bloque, Marcela Pagano, y su pareja, el abogado Franco Bindi, ante el fuero Criminal y Correccional Federal. La denuncia, impulsada por legisladores como Lilia Lemoine, Celeste Ponce y Santiago Santurio, incluye cargos por enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa de datos, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública.
Según consta en el escrito judicial, las irregularidades habrían sido detectadas en las declaraciones juradas de Pagano ante la Oficina Anticorrupción. Los denunciantes señalan la desaparición sin trazabilidad de un inmueble, la falta de registro de los bienes de su conviviente y declaraciones de divisas con fechas consideradas imposibles. Además, se menciona la contratación de cuatro personas como personal de apoyo en la Cámara de Diputados, quienes estarían vinculados a empresas de Bindi y habrían reintegrado parte de sus honorarios públicos a la pareja, lo que sería un mecanismo de fraude al erario público.
El texto judicial sostiene que Pagano habría utilizado su mandato para enriquecerse, señalando a Bindi como instigador y cómplice necesario. Los legisladores libertarios también sugirieron que el patrimonio denunciado podría tener financiamiento de origen extranjero, vinculando a la pareja de la legisladora con funcionarios de países como Venezuela, Rusia y Bolivia.
La reacción de Pagano fue inmediata. Mientras el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindaba su informe de gestión, la diputada se dirigió a los tribunales de Comodoro Py para aportar nuevas pruebas en la causa donde ella denunció a Adorni por la compra de una propiedad en un country. Esta escalada judicial se produce en un clima de alta tensión política, luego de que el Gobierno activara revisiones sobre el patrimonio de legisladores opositores. La presentación concluye que la conducta de Pagano configura una infracción a la Ley de Ética Pública.