viernes, 29 mayo, 2026

El Gobierno impulsa una reforma integral para flexibilizar la constitución y organización de empresas

El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto de ley que modifica la Ley de Sociedades, con el objetivo de agilizar la creación de firmas, ampliar la autonomía contractual y reducir la intervención estatal en el ámbito privado.

El gobierno de Javier Milei anunció el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de ley para modificar la ley de Sociedades. La iniciativa oficialista busca implementar una reforma profunda del régimen vigente para agilizar la constitución de firmas, otorgar mayor libertad contractual a los socios y disminuir la injerencia estatal en el ámbito privado. De acuerdo a lo informado por la fuente oficial Infobae, el texto fue desarrollado de manera conjunta por el Ministerio de Desregulación y Transformación, el Ministerio de Justicia y la Secretaría Legal y Técnica.

Autonomía contractual y eliminación de trabas burocráticas

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, detalló que la propuesta traslada el esquema actual hacia un marco moderno basado en la autonomía y la desregulación. Bajo esta nueva perspectiva, las normas legales tendrán un carácter supletorio y el estatuto de la firma será el elemento ordenador principal. Asimismo, las restricciones del Estado funcionarán como excepciones y los registros públicos no contarán con la facultad de emitir resoluciones que limiten los derechos previstos en la normativa.

La reforma elimina exigencias administrativas en las inscripciones al permitir que el objeto social de las empresas sea amplio y plural, suprimiendo la obligación de conexidad entre las actividades. En caso de que no se especifique un objeto determinado en el estatuto, se interpretará que la sociedad se encuentra habilitada para desarrollar cualquier actividad lícita, una medida fundamentada en la velocidad con la que se transforman los mercados actuales.

Nuevas herramientas de financiamiento y reorganización

El articulado introduce los instrumentos de inversión convertibles, una figura jurídica que posibilita a un inversor aportar capital de riesgo sin transformarse en socio ni asumir responsabilidades por las deudas acumuladas hasta que decida ejercer su derecho de participación. Adicionalmente, el proyecto contempla la renovación automática del plazo de duración de las organizaciones y establece que los mandatos de directores y síndicos posean una extensión indeterminada, excepto si el estatuto determina lo contrario.

Para simplificar la estructura corporativa, se diseña un mecanismo de «burocracia cero» en la reorganización empresaria. Cuando una sociedad controle la totalidad del capital de otra, el órgano de administración tendrá la potestad de absorberla directamente. Este procedimiento evita la realización de asambleas duplicadas y suprime gestiones adicionales ante las autoridades regulatorias.

Digitalización, arbitraje internacional y sociedades automatizadas

La propuesta del Ejecutivo nacional avanza hacia la digitalización plena mediante el uso de domicilios electrónicos, libros digitales, asambleas a distancia y la constitución de firmas a través de firma digital o electrónica. Del mismo modo, el proyecto faculta a las empresas a someter sus disputas internas al derecho extranjero o al mercantil internacional, permitiendo la incorporación de cláusulas arbitrales en los estatutos para resolver conflictos fuera de la justicia ordinaria.

Finalmente, la ley regula la creación de la Sociedad Automatizada, la cual opera autónomamente mediante algoritmos o inteligencia artificial sin requerir empleados para sus tareas habituales, respondiendo por eventuales daños únicamente con su propio patrimonio. Bajo el mismo criterio de modernización tecnológica, se reconoce la personería jurídica y la responsabilidad limitada de las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO), las cuales registran sus operaciones mediante blockchain y dividen sus participaciones en tokens.

Con el ingreso de este proyecto al Congreso, el oficialismo busca cambiar la lógica de fiscalización societaria en el país para adaptarla a los estándares de los principales centros de negocios globales.

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