El Ejecutivo avanza con un proyecto para dejar sin efecto la normativa vigente desde 2021, mientras legisladores oficialistas presentaron una iniciativa conjunta para reemplazar los sellos negros por un sistema unificado regional.
El Gobierno nacional avanza con una propuesta para derogar la Ley de Etiquetado Frontal, aprobada en el Congreso en 2021, que exige la incorporación de sellos negros de advertencia en alimentos y bebidas con altos niveles de azúcares, sodio, grasas o calorías. En paralelo, los diputados Daiana Fernández Melero (PRO) y Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza) presentaron un proyecto conjunto para eliminar la normativa, según informaron fuentes parlamentarias.
La iniciativa busca reemplazar el sistema actual por otro modelo de rotulado alineado con los criterios del Mercosur. “Es un exceso de paternalismo”, afirmó Bongiovanni sobre la ley vigente. “Una cosa es la información y otra que te digan que un producto es malo”, agregó. El legislador también sostuvo que los sellos “ponen una mancha a los productos para demonizarlos al igual que a la industria” y que “odian a los ultraprocesados”.
Entre los argumentos del proyecto, los impulsores sostienen que la ley genera confusión en los consumidores y no cumple con el objetivo de brindar información clara sobre el contenido nutricional. Señalan que el sistema argentino utiliza criterios basados en la proporción de nutrientes respecto del total de calorías, lo que puede derivar en advertencias diferentes para productos con igual cantidad de azúcar o sodio.
Además, cuestionan la efectividad de los octógonos negros para incentivar cambios en la industria alimenticia. Según los fundamentos, en 2023 el 85% de los alimentos envasados tenía al menos una advertencia, lo que —afirman— reduce el impacto informativo del sistema. También apuntan contra las diferencias regulatorias dentro del Mercosur, que obligan a las empresas a modificar envases y fórmulas según el país de destino, incrementando costos y afectando a las pymes exportadoras.
El texto remarca que las modificaciones introducidas por la ANMAT en la reglamentación de la ley implicaron un reconocimiento implícito de fallas, aunque consideran que no alcanzan para resolver los problemas estructurales. Por ello, plantean que la derogación es la única vía para establecer un nuevo esquema con certeza jurídica y reglas armonizadas con el Mercosur. En el oficialismo confían en tener los votos necesarios para aprobar la iniciativa.