Una ex titular de la delegación Pocito del Registro Civil de San Juan y otras cuatro personas fueron condenadas por integrar una asociación ilícita dedicada a emitir documentos de identidad apócrifos para cometer estafas. El perjuicio económico superó los 142 millones de pesos.
Una funcionaria del Registro Civil de Pocito, en San Juan, y otras cuatro personas fueron condenadas por integrar una asociación ilícita dedicada a emitir DNI apócrifos para cometer estafas mediante la obtención de créditos y la compra de bienes que luego eran comercializados en el mercado informal. La maniobra generó un perjuicio económico superior a los 142 millones de pesos.
La principal acusada es Natalia Lorena Castillo, ex titular de la delegación Pocito de la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de San Juan, quien recibió una condena de 4 años y 8 meses de prisión, además de multa e inhabilitación especial por cuatro años.
La investigación, encabezada por el fiscal Fernando Alcaraz y la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez, del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de San Juan, determinó que la organización operó entre agosto de 2024 y mediados de 2025.
Los condenados
En la casa de Castillo secuestraron 197 DNI auténticos, por lo que también fue condenada por tenencia ilegítima de documentación y violación de los deberes de funcionaria pública.
Según la causa, Rolando Javier Navarro Saide era el jefe de la organización y recibió una condena de 5 años y 4 meses de prisión. En tanto, Rodrigo Javier Navarro Pozo, Matías Martín Martínez Villalba y Marcelo Omar Cardozo fueron condenados a 3 años y 10 meses de cárcel como integrantes de la red.
Todos fueron hallados culpables de integrar una asociación ilícita dedicada al uso de documentos adulterados para cometer estafas y falsificar instrumentos públicos.
Cómo funcionaba la maniobra
La investigación comenzó el 19 de diciembre de 2024 tras la denuncia de una persona residente en Buenos Aires, quien descubrió que habían utilizado un DNI con fotografía y huellas ajenas para solicitar préstamos y realizar operaciones comerciales a su nombre.
Las primeras medidas judiciales permitieron vincular la maniobra con la sede Pocito del Registro Civil y detectar la posible participación de personal del organismo en la emisión irregular de documentación oficial.
La pesquisa logró reconstruir el funcionamiento de la red: primero identificaban potenciales víctimas, luego reclutaban personas que aportaban sus datos biométricos para confeccionar los DNI falsos y finalmente utilizaban esa documentación para gestionar créditos y adquirir bienes que después eran vendidos de manera ilegal.